“Como Chile Vamos nos unimos para dar una clara señal: nosotros no nos perdemos cuando hay que defender valores como la libertad de expresión y el cumplimiento de la Constitución. Estamos confiados en que el Tribunal Constitucional (TC) resolverá a nuestro favor este requerimiento”, dice la jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann, en torno a la decisión que el bloque tomó hace cerca de dos semanas para recurrir al TC y alegar por la constitucional del proyecto de ley que tipifica como delito justificar, aprobar o negar violaciones a los Derechos Humanas ocurridas en Chile entre 1973 y 1990.
La UDI es el partido impulsor de esta iniciativa -que se concretará este martes con el ingreso de un requerimiento por parte de 56 diputados gremialistas, de RN y de Evópoli- y busca así alegar la constitucionalidad de la moción. “Este es un proyecto de ley lesivo, perjudicial y antidemocrático”, agrega Hoffmann.
El texto del requerimiento -al que tuvo acceso T13.CL- tiene 70 páginas y desarrolla principalmente dos argumentos: el quórum con el fue aprobado en el Parlamento -simple y no calificado- y el desglose de por qué con esta ley se coartaría la libertad de expresión u opinión.
Específicamente, en el texto, los diputados señalan que este proyecto de ley es contrario al artículo 19 en sus números 2, 3, 12 y 26 y al artículo 69 de la Constitución de Chile.
En ese sentido, en el requerimiento afirman que el delito que se busca tipificar es una “conducta constitutiva del ejercicio de la libertad de opinión”, según el número 12 del artículo 19 de la Constitución. Por lo mismo, sostienen, debió haber sido discutido con un quórum calificado.
“La aprobación de esta norma no respeta el quórum exigido, vulnerando con ello un principio democrático esencial de nuestro ordenamiento constitucional, como lo es la protección de la libertad de opinión, vicio que no puede ser saneado ni enmendado durante la restante tramitación del proyecto de ley”, se señala.
Asimismo, en varios acápites recalcan que la libertad de expresión es un “presupuesto esencial de toda democracia”.
Al respecto, argumentan que hoy las personas -sin censura previa- tienen el derecho a emitir cualquier opinión, pero, enfatizan, no por eso no tendrán responsabilidad de sus dichos. Así, los diputados firmantes aseguran que hoy existe castigo penal “cuando el ejercicio de dicha libertad atenta contra la honra de otra persona (delitos de injurias y calumnias) o bien de tipo civil cuando de su ejercicio abusivo se siguen daños de distinta naturaleza y entidad”. En esa línea, enfatizan, no se debe coartar la ley de expresión.
Las citas a Naciones Unidas
En uno de los párrafos del requerimiento de los diputados de Chile Vamos citan al comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“En la Observación General Nº 34 del Comité –que si bien no es un instrumento vinculante, entrega elementos para complementar y precisar el sentido del artículo 19 citado– señala: ‘Las leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el Pacto (Internacional de Derechos Civiles y Políticos) impone a los Estados partes en lo tocante al respeto de las libertades de opinión y expresión. El Pacto no autoriza las prohibiciones penales de la expresión de opiniones erróneas o interpretaciones incorrectas de acontecimientos pasados'”, se sostiene en el escrito.
Luego, los parlamentarios citan el informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, de septiembre de 2012. En ese sentido, toman el siguiente párrafo de dicho informe: “Como señaló el Comité de Derechos Humanos, las leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos impone a los Estados partes en lo que atañe al respeto de la libertad de opinión y de expresión”.
Con todo, la ofensiva oficialista es inusual, pues el proyecto de ley aún no completa su proceso en el Congreso. De hecho, el pasado martes 22 de septiembre fue aprobado en la Cámara Baja. Lo habitual es que los requerimientos sean ingresados una vez que la iniciativa finaliza su tercer trámite constitucional.
En Chile Vamos afirman que, de todas maneras, en caso de que esta iniciativa llegue a ser despachada del Parlamento, el gobierno ya habría tomado la decisión de enviar un veto presidencial.
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