El Ministerio Público emitió un oficio al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), para que entregue sus apreciaciones en medio de la querella que presentó el diputado del Partido Republicano Juan Irarrázaval, por la supuesta “malversación de fondos públicos” en la impresión de la propuesta de nueva Constitución que ha sido repartida a la ciudadanía.
El parlamentario de derecha cuestionó la impresión de más de 700 mil textos que se obtuvieron mediante la empresa Sistemas Gráficos Quilicura S.A., que recibió más de 400 millones de pesos, debido al trato directo con el gobierno.
La Fiscalía Centro Norte, que está a cargo de la investigación que fue encargada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, solicitó respuesta al ministerio, y así lo confirmó el propio fiscal Nacional, Jorge Abbott.
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"He conversado con el fiscal y me informó que han solicitado a la Segpres información sobre la veracidad de la existencia de la adquisición de los textos legales en cuestión y cuál es la justificación legal", informó Abbott.
"Está en una etapa inicial, lo que se ha pedido es una solicitud inicial para ver si se encuadra en el marco legal, y si aquello puede ser constitutivo de algún delito como señalan los querellantes", explicó.
Abbott aseguró que no hay plazos establecidos para establecer eventuales responsabilidades en esta investigación contra la Segpres, desde donde han dicho que colaborarán.
"Vamos a colaborar en todo lo que sea necesario para que, cuando antes, pueda resolverse el resultado de esta espuria investigación que solicita el diputado", dijo el miércoles el ministro de la cartera, Giorgio Jackson, quien además criticó la acción.
"Esta querella presentada por el diputado republicano no solo nos parece que es un show triste en términos políticos, sino que también constituye una instrumentalización tanto de Tribunales de Justicia como del Ministerio Público con evidentes fines electorales", acusó.
La fiscalía investiga la impresión de textos constitucionales que han sido repartidos a la ciudadanía por parte de distintos ministros en diferentes puntos del país. Desde el Ejecutivo aseguran que es parte de su campaña de información de cara al plebiscito del 4 de septiembre, mientras que la oposición dice que es un acto de “intervencionismo”.
