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Plebiscito 2022

Plurinacionalidad y propiedad privada: ¿Qué temas aborda el acuerdo oficialista por el Apruebo?

Plurinacionalidad y propiedad privada: ¿Qué temas aborda el acuerdo oficialista por el Apruebo?
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El acuerdo de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad plantea limitar la justicia indígena, reforzar la propiedad sobre viviendas y pensiones y el mantener esquemas públicos-privados en educación y salud.

Este jueves, los partidos oficialistas dieron a conocer el acuerdo de compromisos a cambiar de la nueva Constitución de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

El documento fue trabajado durante varias semanas por los partidos de Apruebo Dignidad y de Socialismo Democrático, intentando lograr puntos comunes para reformar en caso de un triunfo de Apruebo en la votación.

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¿Qué ejes contempla el acuerdo? En T13.cl te lo contamos.

Plurinacionalidad: Cambios a consulta y justicia indígena

El primer punto del acuerdo es la plurinacionalidad, en el que se plantea que "valoramos este avance en tanto reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, en su identidad, lengua, cultura, tradiciones, historia y representación, postergados durante siglos".

Del mismo modo, aclaran que estos cambios propuestos se hacen "respetando los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT".

En este punto, se señala en relación a la consulta indígena, que "se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas".

"Las autonomías territoriales contempladas en la Constitución se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas", se añade también.

Finalmente, en torno a la justicia indígena se indica que "no existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales".

Derechos sociales: Pensiones heredables, vivienda propia y salud

El segundo aspecto del acuerdo es el de derechos sociales. En este sentido, se señala que "la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad".

A su vez, se recalca que "el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad están absolutamente asegurados, siendo complementos para dar continuidad a la actual política de vivienda".

En cuanto a salud, se afirma que "la ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados. Bajo el Seguro Único de Salud, se protegerá la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud".

Finalmente, se recalca que "se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada".

Sistema Político: Iniciativas de gasto fiscal y reelección presidencial

En materia de gobernanza, el acuerdo plantea que "creemos necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado".

A su vez, propone que "la reelección presidencial no proceda consecutivamente".

Reponer el nombre del Poder Judicial y los Estados de Excepción 

Sobre seguridad, el documento señala que "proponemos establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar".

Por otra parte, en materia judicial, se plantea reemplazar, en la Constitución, la denominación “Sistemas de Justicia” por la de "Poder Judicial".

También se indica que "proponemos revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Adicionalmente, creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos".

Finalmente, los firmantes señalan que "nos comprometemos a implementar el Recurso de Tutela, a modo de proveer una protección adecuada, eficaz y oportuna". 

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