Siguen las repercusiones a raíz de las acusaciones de intervencionismo electoral que se han producido de cara al plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre, en el que se decidirá si se aprueba o se rechaza la propuesta de nueva Constitución.
En este contexto, Contraloría abrió un sumario administrativo contra el Hospital Barros Luco por una actividad en la que participó el ex presidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez.
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De acuerdo a los denunciantes, se habría citado a una reunión clínica de carácter obligatorio en la cual se expusieron aspectos del borrador constitucional.
Contraloría recalcó que los funcionarios "no deben promover alguna de las posturas del plebiscito, ni asociar la actividad del organismo respectivo con alguna de ellas, ni ejercer influencia sobre otros empleados o sobre particulares con el mismo objeto ni, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar algunas de las proposiciones plebiscitadas".
En esa misma línea, se sostiene que "es posible advertir que la actividad involucró la utilización de tiempo de la jornada laboral y bienes institucionales en fines ajenos a los asistenciales que compete cumplir a esa entidad hospitalaria".
A su vez, se indica que "abordar el tema de la propuesta de nueva constitución no se enmarca en el concepto de reunión clínica que se invoca, más aún si se considera el contexto en el cual se desarrolla tal actividad".
Por todo lo anterior, Contraloría estimó que la actividad "no se enmarcó en el cumplimiento de las labores propias de ese hospital, situación que implica una infracción al deber de las autoridades y funcionarios públicos de utilizar el tiempo de la jornada laboral y los bienes institucionales únicamente en el cumplimiento de las funciones del servicio público respectivo, y no en fines ajenos a ello".
Finalmente, el organismo contralor ordenó que la dirección del hospital instruya un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en el hecho.
Desde el centro asistencial se confirmó que una vez recibido el dictamen de la Contraloría se inició un proceso disciplinario y se reforzó en los equipos la obligación de desempeñar las funciones con estricto apego al principio de probidad administrativa.
