Qué observar. De acuerdo a fuentes oficialistas y de la oposición, hace dos semanas un personero de confianza del Presidente Boric -que integra el gobierno, pero no el comité político- se acercó a dirigentes de Chile Vamos con un mensaje del Mandatario: hay disposición de La Moneda a conversar para acordar los términos del nuevo proceso constitucional.
- Varias fuentes consultadas por Ex-Ante señalaron que se trata del subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi. Consultado por este medio, Crispi negó que estuviera asumiendo ese rol, que normalmente le correspondería, por sus cargos, a Izkia Siches o a Giorgio Jackson.
- Como sea, el mensaje de Boric fue recibido como una señal de que el Presidente había retrocedido en sus dichos anteriores, en los que señalaba que en caso de victoria del Rechazo él tendría que convocar un nuevo proceso constitucional, idéntico al primero, enfatizando que eso acarrearía “más incertidumbre”.
- El gesto de Boric también fue interpretado como un ejercicio de realismo, ya que eso evitaría que en el caso de una derrota del Apruebo se viera mermado su protagonismo en el proceso que se abrirá si se confirma ese escenario. En la oposición, de hecho, la idea sería pasarle la cuenta por una eventual derrota del Apruebo a Jackson y no a Boric. Primero por pragmatismo y, segundo, porque se estima que Jackson fue el gran estratega de la relación del gobierno con la Convención.
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- Además, se estima que el esperado cambio de gabinete sería el signo de derrota más potente del gobierno.
Lo conversado hasta ahora. En rigor, las conversaciones de Boric con personeros de la oposición cercanos a él se vienen sosteniendo informalmente desde hace varias semanas y han caminado en paralelo con la que se han venido sosteniendo en el Congreso, sobre todo en el Senado. Ahí los grandes protagonistas han sido principalmente representantes de la UDI – ahí está el timonel gremialista Javier Macaya- y senadores del Socialismo Democrático (PS-PPD), además de los DC Ximena Rincón y Matías Walker.
- El avance de las negociaciones permitiría implementar rápidamente un acuerdo, que si bien no está cerrado, ya tiene ciertos consensos.
- El primero sería hacer un proceso más rápido que el anterior, lo que no presentaría mayores dificultades dado que en la primera etapa de la Convención -a cargo de Elisa Loncon y Jaime Bassa- se gastó demasiado tiempo viendo temas ajenos al texto constitucional, como la amnistía para “los presos de la revuelta” y el reglamento. Además, se evitó entrar en temas de contenido durante la campaña de Boric.
- En esa línea, se estima que se puede convocar elecciones durante este año (la fecha tope sería 18 de diciembre, el último domingo antes de Navidad y Año Nuevo). La instalación de la Convención sería durante la primera semana de enero (se habla del martes 10).
- Los trabajos de la Convención irían hasta el 4 de julio y el nuevo plebiscito el 4 de septiembre, lo que permitiría que el 11 de septiembre del 2023 -cuando se cumple el 50° aniversario del golpe militar de 1973- estuviera vigente un texto constitucional de consenso entre los chilenos.
- El segundo punto es la composición de la Convención. Se habla de que no serían más de 100 integrantes, que se elijan por el sistema de listas cerradas -donde los partidos elaboran las listas, lo que permitiría incluir expertos- y que las listas sean regionales en vez de nacionales.
- La nueva fórmula apunta, entre otras cosas, a restringir el rango de acción de los independientes, cuya presencia masiva en la Convención es hoy considerada un error transversalmente. La idea es que ahora el proceso sea conducido por los partidos.
Las interrogantes. Si bien ese esquema estaría relativamente consensuado, solo tras el resultado del plebiscito quedará claro hasta qué punto va a ser implementado. Un factor es el margen de la opción Rechazo en caso de victoria. Otro es la capacidad del oficialismo de ponerse de acuerdo en esa posición al PC.