Venezuela se reúne con acreedores al estar al borde del default financiero
Venezuela se reúne con acreedores al estar al borde del default financiero
AFP
El presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela "nunca" se declarará en default, al renovar a los tenedores su invitación al encuentro a las 18H00 GMT para renegociar la deuda del país y su petrolera PDVSA, de unos 150.000 millones de dólares.
"Han jugado a que Venezuela se declare en default ¡Nunca! El default nunca llegará a Venezuela. Nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda", afirmó el domingo.
Analistas auguran poco éxito a la cita, pues las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela prohíben a sus inversionistas negociar deuda venezolana. Un 70% de los tenedores de bonos son estadounidenses y canadienses.
Además, Maduro nombró como principales negociadores al vicepresidente Tareck El Aissami y al ministro de Finanzas Simón Zerpa, a quienes Estados Unidos sancionó y prohibió a sus ciudadanos tratar con ellos.
En Nueva York, el comité de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que reúne a tenedores de deuda, evaluará a las 17H00 GMT el retraso del pago de 1.161 millones de dólares del bono 2017 de PVDSA, que el gobierno dice ya transfirió aunque los acreedores no lo habían recibido el viernes.
Un incumplimiento puede ser declarado por las agencias de calificación, por el gobierno o por los grandes acreedores, por ello una evaluación negativa de la ISDA desencadenaría un default y el pago de los seguros CDS (Credit Default Swaps).
Apuesta por China y Rusia
Las agencias Fitch, Standard and Poor's y Moody's rebajaron la calificación de la deuda ante la posibilidad de que el país con las mayores reservas petroleras del mundo caiga en cesación de pago en el corto plazo.
El presidente las acusó de ser agencias "politizadas" que forman parte de una "guerra financiera" comandada por Estados Unidos.
Los expertos coinciden en que Venezuela, con una economía devastada y reservas internacionales de solo 9.700 millones de dólares, terminará en default, aunque divergen sobre cuándo lo hará.
El viernes vencieron 81 millones de intereses del bono PDVSA 2027, aún sin anuncio oficial de pago, y este lunes Venezuela debe pagar otros 200 millones en rendimientos.
En lo que resta del año debe cancelar al menos 1.470 millones de dólares y para 2018 tiene obligaciones por más de 8.000 millones de dólares.
En estas dificultades, Maduro anunció avances en renegociaciones con sus aliados: las gestiones con China -al que se adeuda unos 28.000 millones- "marchan perfecto", y esta semana se firmará un acuerdo que reestructura 3.000 millones de los 8.000 millones de deuda con Rusia.
Sanciones de la UE
Pero Maduro enfrenta fuertes presiones internacionales. Gobiernos de América y Europa lo acusan de quebrantar la democracia, anular al Parlamento de mayoría opositora y controlar a los poderes judicial y electoral para mantenerse en el poder.
Uniéndose a la política de sanciones de Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea tiene previsto adoptar este lunes medidas que impidan a las empresas europeas entregar armas a Venezuela, equipos de vigilancia y material para "represión interna".
Aunque por el momento estará vacía, la UE crearía también una lista de autoridades y entidades venezolanas sancionadas. Maduro calificó el domingo la posibilidad como "una estupidez".
Para el economista Luis Vicente León, Maduro intenta que grandes inversionistas estadounidenses presionen al gobierno de Donald Trump para que flexibilice las sanciones, pues a ellos también interesa una refinanciación de la deuda.
Con el desplome de los precios del petróleo, fuente del 96% de divisas del país, el gobierno recortó drásticamente las importaciones para pagar, provocando una severa escasez de alimentos y medicinas.
Pero en 2018 se celebrarán elecciones presidenciales, por lo que según Eurasia Group "un incumplimiento liberaría recursos para financiar importaciones, dándole a Maduro impulso político a corto plazo para buscar la reelección".
A mediano y largo plazo, según los expertos, un default agravará la crisis de un país con cuatro años de contracción (36%) y en hiperinflación, que deberá encarar litigios y el posible embargo de activos de PDVSA en el exterior, como CITGO, filial en Estados Unidos.
