Tras la resolución del Comité de Ministros, el presidente ejecutivo de la empresa Andes Iron -que impulsa el proyecto minero- Iván Garrido, manifestó su “más profunda decepción de la institucionalidad de este país” y agregó que están "profundamente dolidos".
En este sentido, Garrido aseguró que el estudio del impacto ambiental de esta iniciativa "cuenta a cabalidad con la institucionalidad medioambiental que tiene este país”.
Garrido comentó que que confiaban que el Comité de Ministros, "como parte relevante de la institucionalidad de nuestro país, iba a revertirlo". Por tanto, "es de una gravedad máxima, porque vemos que se profundiza la arbitrariedad", sentenció.
A su juicio, con esta decisión "se ha causado un daño a la democracia de nuestro país"" y se habría enviado una señal a los emprendedores de "que las reglas del juego no son claras" y "lo que prima es la política, la política pequeña".
"Daña el acuerdo social, la igualdad ante la ley”, enfatizó.
Más temprano, el presidente de la Sociedad Nacional Minera (Sonami), Diego Hernández también se refirió en duros términos a la decisión del Comité de ministros. No solo advirtió que era una “mala noticia para la minería y, particularmente para el país”, sino que se trataba de “una decisión política sin justificación”.
Declaraciones que el gobierno rechaza. El ministro de Ambiente, Marcelo Mena, aseguró en entrevista con Tele13 Radio que Diego Hernández “difícilmente puede concluir eso” y señaló que la institución ambiental había evaluado todos los antecedentes técnicos. "No tenemos problemas con aprobar proyectos que cumplan con la normativa”, aclaró.
