En la Comisión Mixta que busca aclarar algunos aspectos de la Ley de Protección del Empleo, el Gobierno dio a conocer que cinco empresas IPSA (índice que agrupa a las mayores empresas chilenas abiertas en bolsa) se acogieron a Ley que ha estado en la palestra en los últimos días luego de que empresas que están usando el beneficio, al mismo tiempo están repartiendo dividendos entre sus accionistas más allá del mínimo legal.
De acuerdo a lo indicado por lo indicado por la ministra de Trabajo, María José Zaldívar, Cencosud, Concha y Toro, Salfacorp, Ripley y Falabella se sumaron a la ley que busca ir en ayuda de los trabajadores afectados por el efecto del coronavirus en el desarrollo de sus trabajos.
"Tenemos cinco empresas IPSA que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo, en distintos órdenes de magnitud. Tenemos Cencosud efectivamente con 4.251 trabajadores acogidos; Ripley con 3.170; pero luego tenemos una constructora que es muy grande como Salfacorp, habiéndose acogido solamente con 527 trabajadores; Falabella con 76 trabajadores y la viña Concha y Toro con uno solo", sostuvo la secretaria de Estado.
La ministra además indicó en la instancia que entre las anteriores empresas "sabemos que han repartido utilidades. Por ejemplo Ripley y la constructora Salfacorp, lo hicieron en el mínimo legal, es decir, el 30%. Por lo tanto tiene cumplimiento con lo que la ley establece".
"Creo que es muy complejo estar legislando por un caso que se está escapando absolutamente de la norma respecto de las empresas y cómo ellas han estado usando esta ley. Dentro de los números que estamos manejando, en este minuto tenemos nuevamente que solo un 1% de las empresas que se están acogiendo son empresas grandes y si lo vemos en porcentaje de trabajadores totales, son un 26%. Más del 64% de las empresas son micro y si nosotros hacemos un doble click vemos que la mayoría de las empresas se están acogiendo respecto de menos de cinco trabajadores", agregó Zaldívar.
A la comisión, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, llegó con la propuesta del gobierno para terminar con la polémica por el reparto de dividendos. La idea del ejecutivo es que las empresas que se acojan a la ley y que sean sociedades anónimas abiertas no puedan durante el tiempo en que presenten contratos de trabajos suspendidos -y en la medida en que representen un porcentaje mayor al 10% de su planilla-, repartir dividendos por sobre el mínimo legal que es del 30% de las utilidades.
