Como balde de agua fría recibieron ayer los dueños de Censosud, Walmart y SMU la sentencia de la Corte Suprema que duplicó las multas establecidas originalmente por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en contra de estas compañías por coludirse en la venta de pollo, y que muestra, una vez más, las diferencias de criterio entre ambos tribunales.
Pocos minutos antes de la una de la tarde de ayer se conoció de decisión unánime que tomó la Corte Suprema frente a este caso, de aumentar a 21 millones de dólares el castigo a estas tres compañías, que habían sido investigadas por la Fiscalía Nacional Económica, que puso ojo a cómo se desarrollaron las ventas de este producto entre los años 2008 y 2011.
No conformes con la decisión de febrero del Tribunal De la Libre Competencia -que estableció la multa en un monto de US$ 10 millones- la fiscalía había decidido presentar un recurso de reclamación ante la Suprema, al cual organizaciones que representan a consumidores, como la Odecus y la Conadecus, decidieron adherirse, solicitando que este caso no debía cerrarse, y que debía volver a la FNE para que continúe investigando si en ese mismo periodo, hubo colusión respecto a otros productos, por ejemplo, la carne de cerdo y vacuno, cosa que no había quedado establecida en la decisión del TDLC.
Nuevo escenario
La Corte Suprema le dio la razón a la FNE ayer, porque duplicó las multas y además obligó a la fiscalía a que siga indagando sobre eventuales nuevos delitos ocurridos durante esos años. Aunque esa determinación también representa, según varios expertos, una crítica a cómo la fiscalía hizo su labor “que desde un comienzo tuvo los antecedentes de que existía colusión en otros productos, incluido el vino, por lo que la pregunta que hay que hacerse es si ésta hizo bien su trabajo y por qué no investigó con profundidad los otros bienes”, explica un abogado experto en libre competencia.
En el sector también hay otras interrogantes. Por ejemplo, la decisión que tomó la Suprema de subir más que para ninguna otra empresa la sanción en contra de Walmart, aun cuando la colusión se diera, casi en su mayor parte, con los antiguos dueños: la familia Ibáñez. En este aspecto, también hay una diferencia de criterio entre el TDLC, que consideró el programa de compliance que aplicó Walmart cuando desembarcó en el negocio en Chile, y que para el tribunal técnico, el TDLC operó como atenuante para bajarle la multa, algo que claramente no consideró la tercera sala del máximo tribunal del país, y que en ojos de abogados es un desincentivo para que las empresas utilicen estos programas que son estratégicos en otras partes del mundo.
De paso, un abogado en la materia cuestiona “los beneficios de tener un tribunal especializado, si la Corte Suprema decide lo que quiere, cuando además revisa los hechos, el derecho, y hace análisis económico, sin tener economistas como jueces, cuestión que si ocurre en el TDLC”.
“El fallo muestra que la Corte Suprema está revisando íntegramente lo resuelto por el TDLC y además que está discrepando significativamente de su análisis, en este caso, no sólo duplica las multas, sino que le dice a la fiscalía cómo debe hacer su trabajo de investigación”, explica Francisco Agüero, Director de la Escuela de Pregrado de Derecho de la Universidad de Chile.
Mientras el debate se abrió en círculos de abogados, las instituciones que representan a consumidores, como Odecu y Conadecus, ya preparan sus artillerías legales para conseguir indemnizaciones, al mismo tiempo que este nuevo fallo sirve como señal al mundo empresarial que la colusión, sobre todo para bienes de primera necesidad, como el pollo, y tal como indica la agenda antiabusos del gobierno, ahora podría llevar a los dueños y ejecutivos no sólo a pagar millonarias multas, sino que a sanciones de cárcel.
