El día 30 de diciembre de 2015, el Servicio de Impustos Internos (SII) interpuso una querella en la Fiscalía de la Zona Oriente contra el accionista de Ripley, Alberto Calderón, y los representantes de Corp Group, Jorge Andrés Saieh y Pilar Dañobeitía. La denuncia apunta a una nueva arista del caso abierto en el año 2014. Esto por "haber empleado procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas a fin de burlar el impuesto de Primera Categoría."
Marcelo (fallecido) y Alberto Calderón hicieron una reestructuración de los títulos que poseían en Ripley. Ambos tenían el 80% de las acciones en partes iguales (40% Marcelo, 40% Alberto) en la empresa de retail y administraban este porcentaje por medio de una sociedad controlada por ellos.
En el año 2009, Marcelo Calderón decidió vender la mitad de sus posesiones (20%) para paliar la crisis de Jhonson's, empresa donde también tiene posesiones el grupo familiar. Para esto, creó una nueva sociedad que se hiciera cargo de ese 20%. El otro 20% y el 40% de su hermano Alberto siguieron a cargo de la sociedad que administraban juntos.
La denuncia del SII apunta a Alberto Calderón, quien dio su autorización para que Marcelo realizara esta operación. Este 20% vendido quedó en manos de una firma llamada Inversiones RIII perteneciente a la familia. Sobre esto, la entidad estatal declara que se comete una presunta evasión tributaria por estos movimientos para no pagar impuestos. Posteriormente, Inversiones RIII vendería estas acciones a Bujorico Inveriones, también de la familia Calderón.
Una vez que Bujorico se hizo cargo de estas acciones, se vendieron a Inversiones Conca, actual Corp Group Inversiones Ltda, propiedad de la familia Saieh. Aquí el SII hace su segunda denuncia, porque el paquete, antes de ser traspasado a Conca, fue adquirido a través de un Fondo de Inversión Privado (FIP). El SII reconoce que fue el FIP el que compró las acciones, pero aduce que el procedimiento se realizó para reducir el pago de impuestos.
En total, son $26.844 millones de pesos el monto del perjuico fiscal calculado por el Servicio de Impuestos Internos. Estos son equivalentes a US$ 36,9 millones de dólares.
