Por Juan Diego Montalva
Salvador Valdés es uno de los primeros economistas que alzaron la voz para llamar la atención respecto al sistema de pensiones y la necesidad de perfeccionarlas. Hace al menos 15 años, el economista PhD del Instituto Tecnológico de Massachusetts llama la atención respecto a la necesidad de mayor competencia en el sistema y a la necesidad de fiscalizar que los niveles de las utilidades de las administradoras sean razonables y acordes a las rentabilidades de otros sectores económicos.
Su participación en el tema previsional lo hicieron figura clave en las comisiones y los proyectos de reformas del sistema, donde muchas veces se recogieron sus propuestas, como fue el caso de la licitación de carteras para las administradoras que ingresaban al mercado. Con esta experiencia y desde su puesto de coordinador microeconómico del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Clapes UC), Valdés desmenuza el proyecto de reforma que ingresó el gobierno al Congreso la semana pasada.
Usted lleva 15 años llamando la atención sobre la necesidad de perfeccionar el sistema de pensiones ¿Considera que esta reforma aborda esa necesidad?
Lamentablemente esta propuesta del gobierno no avanza mucho. Lo más lamentable es que sigue insistiendo en el concepto errado que tienen muchas personas de que sólo por el hecho de haber vivido, tienen derecho a una pensión de vejez.
¿Pero qué se hace con esa gente que cotizó poco o nada?
En Chile existe una pensión básica, modesta que está al nivel del estándar mundial que la calcula con un promedio del 15 al 20 por ciento del salario mediano. En Chile el salario medio es de $400.000, el 20 por ciento son $80.000. Esa es una pensión muy básica para alguien que nunca contribuyó o contribuyó muy poco. La pensión básica, por si misma, no es razonable.
¿Qué pasa con los otros pensionados, que sí contribuyeron, pero con lagunas o espacios en que no cotizó?
Si queremos pensiones mayores para la vejez tenemos que contribuir más. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene que para obtener una pensión completa es requisito haber cotizado 30 años. Si no cotizó 30 años, el beneficio es una pensión parcial.
Pero las lagunas previsionales o no pago de cotizaciones es uno de los grandes problemas de nuestro sistema
No tiene sentido pedir una pensión completa si la gente cotiza cinco años o 10 años porque el resto del tiempo estuvo trabajando con boletas o a cuenta propia. Esta reforma no se hace cargo de ese problema.
¿Eso quiere decir que en Chile gran parte de la población sólo puede aspirar a pensiones parciales?
El año pasado hicimos un grupo de análisis que llamamos “mejores pensiones para Chile” e hicimos varias propuestas. Una de esas fue cambiar la denominación de los beneficios y separar claramente entre las pensiones completas y las parciales, que son aquellas que cotizan menos de 30 años (entre 15 y 29 años). En estos casos de pensiones parciales la pensión consiste en la devolución de aportes con intereses y en algunos casos no da ni siquiera para una pensión parcial.
¿Entonces la mayoría de los chilenos no pueden acceder a pensiones razonables?
Una pensión razonable depende de cuánto cotizaste. Lo que muestra la evidencia es que las personas en la vejez tienen muchas fuentes de recursos y las pensiones son solo una de esas fuentes, también está la pensión del cónyuge o pareja, el sueldo, la vivienda, etc. En Chile el 85 por ciento de las personas llega a los 65 años como propietaria de una vivienda. Las pensiones son sólo una parte del ingreso de las personas mayores.
¿Por qué entonces el malestar o temor respecto al tema previsional?
Para las personas mayores es mucho más delicado y determinante sufrir una dependencia severa, algo que le ocurre a un tercio de esas personas mayores. Esa dependencia es más grave que una pensión baja, porque necesitas muchos más recursos y ayuda.
¿Cómo el sistema podría resolver estos casos?
Lo que Chile hoy día necesita es avanzar en este tema de la dependencia severa y crear alguna especie de seguro que pague los gastos en estos casos de invalidez en la edad avanzada.
Pero no hay nada parecido a esta propuesta en el proyecto.
Hace falta una mirada integral que incluya la salud en la vejez. El proyecto se fue por los lados, haciendo cosas menores, chicas, creando burocracia estatal, con eslóganes como “ni un peso más a las AFPs” (lo dijo la ministra de Trabajo, Alejandra Krauss).
Pero las movilizaciones en las calles hablan de un temor bastante generalizado
Nosotros estamos terminando una encuesta donde preguntamos qué esperan del sistema de pensiones y uno de los resultados más importantes fue que el grupo de personas más preocupado por sus pensiones es la que tiene entre 45 y 59 años.
¿Y los de 65 años, que está a punto de jubilar?
Están menos preocupadas porque pueden tener pensiones bajas pero tienen otros recursos. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo reconoció hace dos meses (junio del 2017) que el nivel de vida de las personas que tiene 65 o más años, no es más desmedrado que el de las personas activas.
¿Los chilenos mantienen sus niveles de ingreso en la jubilación?
Sí, la gente mantiene su nivel de ingresos y esto lo vemos en cada uno de los quintiles. No es como dijo la Comisión Bravo, que se equivocó garrafalmente dando la impresión de que había una situación de miseria. Eso es falso. En las encuestas las personas de 65 o más años no está aterradas o desesperadas. Los asustados son las personas de 45 a 59 años.
¿Este proyecto aborda este problema?
Lo aborda bastante mal.
¿Cuál es el punto clave que debería resolver una reforma al sistema de pensiones?
Hay varios puntos clave, pero uno es el empleo, algo que este proyecto no se preocupa, por el contrario, lo pone en riesgo.
¿Por qué?
La cotización solidaria es demasiado grande, es excesiva. Se puede hacer un poco de cotización solidaria, pero el 2 por ciento es mucho y vamos a perder 80 mil o 100 mil empleos que tienen seguridad social. Esa gente se va a ir a cuenta propia, donde gana la mitad. Esto es muy delicado.
Por qué la cifra que presenta el informe de productividad del gobierno establece un rango tan grande de empleos formales que afectaría la reforma (entre 2.200 y 394.000) ¿Cuál es la explicación para este rango tan amplio?
Revela el enorme riesgo que está tomando la Nueva Mayoría al proponer un proyecto que puede generar ese número de pérdida de empleos con seguridad social. Eso es muy grave, es dramático.
Estamos en el peor de los mundos, volvemos a las antiguas cajas, que eran monopólicas
¿Cómo puede el gobierno postular un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones que lleva adjunto un informe que dice que dicho proyecto puede afectar hasta 394.000 empleos formales?
No sé, esa explicación la tendrán que dar la ministra del Trabajo o los ministros involucrados, que firmaron ese informe de productividad. Son los únicos que pueden explicar esos números.
¿Aumentaría el empleo por cuenta propia en desmedro del empleo formal con cotización o con seguridad social?
Sólo un cuarto de los empleados por cuenta propia emiten boletas de honorarios pero ni siquiera este grupo está obligado a cotizar. La gran mayoría de la cuenta propia no sabemos cuánto gana y, por ende, no puedes calcularle el 10 ó 15 por ciento de cotización.
¿Podrían aumentar los trabajos precarios?
Si los empleos con seguridad social van a pagar un impuesto que antes no pagaban del 2 por ciento, los empleadores podrías decir que le cuesta muy caro y terminar con ese empleo o puede decidir no reajustar los salarios. Al empleador y al trabajador les puede convenir cerrar la pega y subcontratarlo. La reforma podría favorecer la tercerización precaria de trabajos formales.
¿No rescata nada del proyecto?
El proyecto hace una cosa valiosa y es que sube las cotizaciones. Pero lo hace de una manera en que crea un impuesto al trabajo formal que tiene un efecto negativo grande. Es excesivo el impuesto, incentiva los empleos informales, baja los ingresos laborales y las cotizaciones. Las pensiones van a ser más chicas de lo que podrían haber sido.
No valoro en nada ese 3 por ciento adicional porque va a quedar en manos de personas designadas por los políticos
¿Por qué esta reforma podría bajar las pensiones?
Va a haber un grupo que va a quedar peor, que van a tener pensiones más chicas, más bajas, que son aquellos que pasen a la informalidad.
¿Por qué rechaza crear la institución que administre este aumento de la cotización?
Es muy caro crear ese ente estatal y, lo más grave, es que no va a tener parámetros de comparación del desempeño. El riesgo de que lo haga mal es gigantesco.
¿Por qué?
No le creo a esa institución, me genera inmensas dudas su gestión. Esto puede terminar en que el impuesto sea todo el 5 por ciento. No valoro en nada ese 3 por ciento adicional porque va a quedar en manos de personas designadas por los políticos, inamovibles. Son personas que una vez nominados nadie los va a remover, va a ser como la señora Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado.
Pero no serían cargos de por vida
Son por seis años, inamovibles. Eso no me da ninguna garantía y el hecho de que no exista comparación del desempeño financiero con otros entes administradores me produce muchas sospechas.
Dicen que sería como el Banco Central ¿Le parece poco transparente su conformación?
Hoy, en el sistema de AFP uno puede comparar rentabilidades, costos de las distintas administradoras y elegir. Este ente estatal puede invertir en cualquier cosa y no van a tener ninguna sanción si lo hacen mal. Esto hace pensar que esta cotización extra del 3 por ciento va a terminar mal gastada y no nos va a ayudar a subir las pensiones.
¿No confía en un administrador estatal?
Pero no lo digo por el hecho de que sea el Estado el que administre, es porque sería una institución nueva, que no podría compararse con otra y con nuevas reglas. Habría sido mucho mejor crear una AFP estatal porque, al menos, estaría compitiendo con las demás AFP. Esto que inventaron es un monopolio legal, que no compite con nadie. Estamos en el peor de los mundos, volvemos a las antiguas cajas, que eran monopólicas.
¿Cuál debería ser el rol del Estado en el sistema de pensiones?
El principal es garantizar que exista un sistema que entregue en la vejez pensiones razonables, en proporción a lo contribuido. El otro objetivo del Estado es que no ocurran abusos al generar beneficios excesivos de parte de los prestadores o deteniendo casos como el de Dipreca, en que la ex esposa del diputado socialista Osvaldo Andrade obtuvo una pensión excesiva. Esos son los grandes roles.
