Una jornada clave vivirá hoy la Sala del Senado que, a partir de las 13:00 horas, discutirá hasta total despacho el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones.
Pese a que la iniciativa ha logrado sortear la barrera del quórum de 5/3 decretado por la Cámara, aún pesa la incertidumbre de si el Gobierno o un sector de los parlamentarios oficialistas concurrirán al Tribunal Constitucional (TC) para que defina su constitucionalidad.
Aunque en todos los sectores coinciden en que el destino del proyecto en la Cámara Alta ya está sellado, en paralelo sigue la duda respecto a qué camino seguirá el Ejecutivo para impugnar la norma o si dará paso a que algunos parlamentarios de Chile Vamos sean quienes asuman ese rol y los costos ante la opinión pública, por oponerse a un proyecto con alto apoyo ciudadano.
En todo caso, la vocera Karla Rubilar advirtió ayer que “estamos esperando cómo se desencadena el debate antes de tomar una decisión”, lo que no hizo más que aumentar la incertidumbre.
Entre los senadores oficialistas se comenta que aún no hay una decisión tomada. Aún cuando Andrés Allamand (RN) hizo una reserva de constitucionalidad por el quórum que se le asignó a la iniciativa, asegurando que por tratarse de una reforma constitucional que regula una garantía fundamental -la seguridad social- debería ser aprobada con 2/3, no hay una decisión tomada de ir al TC, para lo que se necesita el respaldo de 11 senadores.
El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, asegura que está disponible para realizar este trámite, pese a lo impopular que pueda resultar para la opinión pública. “Preocupado por el país”, como se declara, sostiene que está dispuesto a defender su postura ante el TC, pues tiene la convicción de que la norma en tramitación “violenta la Constitución”. En contraste, su par de RN José García Ruminot admite que no tiene una decisión tomada.
La diligencia se puede realizar a cualquier altura de la tramitación y en el supuesto caso de que el TC coincidiera con la postura del oficialismo, todo parte de nuevo desde el inicio. De ahí la inquietud entre los promotores del proyecto, como el senador independiente Carlos Bianchi, quien tiene la convicción de que “Allamand va a volver a plantear en la Sala el debate por el quórum”.
Intenso debate
La expresidenta del TC, Marisol Peña, señala que el Presidente tiene la alternativa de vetar la reforma o, antes que se promulgue, requerir al TC. Y subraya la importancia de que el Gobierno ejerza sus atribuciones en esta materia, ya que tiene la convicción de que el proyecto es inconstitucional, pues es una reforma “que vulnera disposiciones constitucionales sustantivas y de derechos fundamentales como la seguridad social”, dice, dándole sustento a la argumentación de Allamand.
Y aunque Peña admite que “es bastante difícil prever el resultado” de la diligencia, insiste en que “el Presidente tendría la obligación de acudir al TC”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker, advirtió que “sería un acto temerario, desde el punto de vista presidencial vetar un proyecto con tan alto respaldo”. Y el senador UDI Iván Moreira instó al mandatario y a sus pares oficialistas que “no se vete este proyecto y que no vayan al Tribunal Constitucional”.
En paralelo al debate constitucional, el Gobierno insistió sobre el impacto que tendrá el eventual retiro de fondos previsionales en las cuentas fiscales.
Un oficio enviado por el director de Presupuestos, Matías Acevedo, a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, advierte que la iniciativa implicará mayores gastos para el Fisco que se extenderán hasta el año 2100.
Esto, ya que el retiro de una parte de los fondos implicará que el Estado deberá desembolsar más recursos en el Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), vía un mayor complemento solidario para solventar las menores pensiones autofinanciadas.
En total, el mayor gasto en el SPS será de US$ 10.776 millones al año 2100, cifra que es menor al total de retiros del 10% que estima la Dirección de Presupuestos (Dipres), de unos US$ 18.461 millones.
