Catherine Lathrop, abogada querellante de un grupo de víctimas de la estafa de AC Inversions, explica en T13 los detalles de interrogantes clave sobre el caso y de una posible demanda al Estado por no ejercer su función fiscalizadora correctamente.
¿Qué pasó con el dinero?
Según la abogada existen tres opciones con respecto a la teoría de la desaparición de alrededor 52 mil millones de pesos. "La primera es que los fondos no fueron invertidos en un porcentaje alto, otra opción es que el capital fue invertido, pero se perdió debido a malas procedimientos y finalmente que el dinero puede estar en cuentas en islas vírgenes o circulando dentro del país en instrumentos a nombres de terceros".
¿Qué responsabilidad tienen los afectados?
Para Lathrop las personas que tenían contrato se les reportaba cuál era el estado de su dinero a través de un sitio web o de forma presencial en el lugar establecido de la compañía, por lo que era difícil generar una desconfianza para denunciar.
"La compañía tenía una página web que informaba el estado de la inversión que cada uno había tomado. Por lo tanto la gente o no hacía el trámite para consultar el estado de su dinero o no se podía meter al sitio porque pensaba que había una falla en el sistema", dijo la abogada querellante.
Afectados por AC Inversions interpusieron una querella colectiva
¿Cómo continuó operando la empresa sin ser denunciada?
La abogada dijo que hay que evaluar qué tipo de información les entregaron los captadores de la empresa a los clientes, ya que los estafados podrían haberse dado cuenta de las irregularidades de la compañía y así denunciarlos de inmediatamente.
Además, "la obligación de emitir la regulación de la empresa era de AC Inversions y no de los inversionistas, por lo tanto cuando la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) controló de manera correcta a la institución, AC Inversions debe haber estado montada lo suficientemente bien para que nadie se diera cuenta de que no estaba regulada", dijo Lathrop.
Demandar al estado
Los afectados por el caso de la estafa están barajando la opción de colocar una demanda en contra del Estado por no haber fiscalizado de manera correcta a la empresa y así poder haber evitado la pérdida de 52 mil millones de pesos.
"Nosotros podríamos demandar al Estado debido a que el análisis que se hizo con respecto a la empresa, determinó que la institución era apropiada y operaba de la manera correcta. Por lo tanto las víctimas que yo represento, buscan establecer una responsabilidad penal a quienes tramaron un ardid y decidieron estafar a la gente", argumentó la abogada.
