El sistema de administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) es una de las mayores y más polémicas cosas que ha exportado Chile.
Desde su introducción en 1980, durante el régimen de Augusto Pinochet, el sistema o alguna de sus variaciones ha sido adoptado en una treintena de países.
Incluso en Estados Unidos, durante el gobierno de George W. Bush, se estudió su implementación, que a la postre fue rechazada por el Congreso.
En la actualidad, el sistema privatizado de pensiones se encuentra asediado en Chile mismo, donde este fin de semana decenas de miles de personas volvieron a salir a protestar para exigir su abolición.
Los opositores al sistema alegan que las altas tarifas que cobran las administradoras privadas de fondos de pensiones contribuyen a que el ahorro de los trabajadores sea muchas veces menor al esperado.
Consenso de Washington
Pero, ¿cómo le ha ido en otras partes al sistema de las AFP?
Con distintas variaciones, el sistema sigue en pie en varias naciones latinoamericanas.
Su expansión mayor a lo largo del continente tuvo lugar a comienzos de la década de 1990. Fue parte de lo que se dio en llamar en su momento "el Consenso de Washington".
Muchas naciones latinoamericanas estaban saliendo en ese momento de una profunda crisis económica que, entre otras cosas, se caracterizaba frecuentemente por sistemas estatales de jubilación criticados por su ineficiencia y por el lastre que se decía imponían a las finanzas públicas.
En esas circunstancias, los fondos privados de pensiones fueron presentados como un mecanismo más transparente y eficiente para administrar los ahorros de jubilación de sus ciudadanos.
Y una buena parte de las naciones de América Latina los adoptaron como parte del paquete de reformas "neoliberales" de la época.
Péndulo ideológico
Con los años, el péndulo ideológico en la región se devolvió.
Y llegaron al poder varios gobiernos con intenciones de recobrar, al menos en parte, la intervención estatal en sectores clave de la economía.
En 2008, el gobierno argentino encabezado en su momento por Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de nacionalizar los fondos privados de pensiones, que en ese momento tenían recursos cercanos a los US$30.000 millones.
Algo similar hizo en 2010 el gobierno boliviano al mando de Evo Morales.
Medidas en la encrucijada
Otras naciones no han llegado al extremo de suprimir las medidas que crearon los fondos privados de pensiones.
Pero mantienen intensas controversias sobre el futuro de sus sistemas.
En México, por ejemplo, se estableció un sistema que creó las llamadas afores, entidades privadas que administran las cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores.
Pero algunas voces alegan que el sistema se aproxima hacia un momento de turbulencia.
En 2021 se jubilarán las primeras personas cubiertas por el nuevo sistema, y los críticos advierten desde ya que el monto de pensiones resultantes será bajo.
La cifra de la pensión concedida en los sistemas privados no es fija, como en los sistemas antiguos, sino que depende del ahorro individual de los trabajadores y del rendimiento financiero que tengan las inversiones realizadas con ese ahorro por los administradores privados de fondos de pensión.
Los defensores de los fondos privados alegan que el porcentaje del sueldo de los mexicanos destinado cada mes a las cuentas privadas de ahorro para la jubilación es menor al de otros países de la región y, ante eso, sería inevitable que las pensiones resultantes también sean bajas.
Por lo que, la solución, insisten, sería aumentar esas deducciones del sueldo que todos los meses se destinan a los fondos privados de pensiones. Una solución que evidentemente no sería muy popular entre los asalariados.
Problemas financieros
Otra de las controversias que se presentan en varios países de la región es la coexistencia de agencias estatales con privadas en el sistema.
En Costa Rica, por ejemplo, una entidad estatal, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), coexiste con varias entidades privadas que recogen el ahorro de las llamadas pensiones complementarias de los ciudadanos.
Una controversial propuesta elevada en meses recientes al legislativo pide trasladar a esa entidad gubernamental los ahorros acumulados en los fondos privados.
En Uruguay, por su parte, varios fondos privados compiten con uno de origen estatal para captar el ahorro pensional de los ciudadanos, pero algunos se quejan de supuestas ventajas injustas que favorecen a que el fondo estatal le gane a los privados a la hora de seducir a los ahorradores.
En países donde también se aplica de manera integral o parcial el sistema de fondos privados, que incluyen a Perú y Colombia, entre otros, se repite el temor de que, a medida que empiecen a pensionarse personas en el sistema nuevo, encuentren que los montos de jubilación sean mucho menores que los que proporcionaba el antiguo sistema estatal.
Pero se sigue confiando en que los fondos privados ayuden eventualmente a dirigir el ahorro hacia actividades más productivas, como por ejemplo al desarrollo de la infraestructura, y contribuyan así a aumentar el crecimiento de la economía.
Como pasa en Chile, es un sistema que genera y probablemente seguirá generando controversia.
Pero que no deja de ser una de las reformas económicas más influyentes que se ha ensayado en la región en décadas.
