José Carlos Prado
Al igual que con las reformas laboral y tributaria, el sector privado se está preparando con anticipación para el debate sobre una Nueva Constitución comprometido por gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Mientras las seis ramas que componen la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) están trabajando en un documento que permita reflejar su posición frente al Ejecutivo y al Congreso, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ha estado trabajando en los efectos de una Reforma Constitucional. Para ello, la entidad encargó informes en derecho a Enrique Navarro y Arturo Fermandois.
Y este miércoles entrará de lleno en el debate, el cual partirán con un seminario titulado “Reforma Constitucional ¿el Derecho de Propiedad en la mira?”, donde se darán a conocer los informes y las conclusiones de éstos. En ambos informes, a los que tuvo acceso T13.cl, se debate sobre la propuesta del programa de gobierno y las eventuales consecuencias que podría tener en el ordenamiento actual. Si bien ambos hacen un repaso histórico de las constituciones que ha tenido Chile, Fermandois aterriza su análisis desde el punto de vista del escenario político que vive el país.
Las primeras páginas las dedica a una descripción de las propuestas e intervenciones de cada uno de los académicos que fueron parte de esta discusión al interior del comando presidencial de Bachelet. Dice, por ejemplo, que el abogado Fernando Atria tenía influencia durante las elecciones, pero que “hoy es considerado un jurista fuera del círculo de más estrecha influencia de la Jefa de Estado”.
En contraposición, analiza las propuestas del profesor Francisco Zúñiga, ya que según su visión “actualmente, es considerado el asesor constitucional más próximo a la Presidenta Bachelet”.
Sobre sus planteamientos de forma, Fermandois explica que Zúñiga propone ingresar al Congreso dos proyectos de reforma: una parcial con tres reformas principales y luego otra de reforma total de la Constitución.
El Derecho de Propiedad
Ambos autores abordan en su estilo todo el material histórico y jurídico que existe sobre la Constitución. No obstante, los dos coinciden en que el Derecho de Propiedad es un tema que deben defender tal como está hoy en la Carta Fundamental y desechan de plano la propuesta del Programa de Gobierno.
Al respecto, advierten sobre las propuestas en el derecho de las personas a adquirir bienes, las expropiaciones por parte del Estado y, en consecuencia, un eventual efecto sobre el derecho de propiedad.
“La inclusión de la libre iniciativa económica en el acápite relativo al derecho de propiedad puede ser un indicio de que no estaría considerado incluirlo como un numeral autónomo (como actualmente lo es en el Art. 19 Nº 21). Estimo que la posible desaparición de un derecho autónomo a desarrollar actividades económicas lícitas sería negativa constitucional y operativamente hablando”, señala Fermandois.
El debilitamiento de las instituciones
En otras de las materias abordadas, ambos académicos revisan las propuestas en torno a un posible debilitamiento de instituciones como la Contraloría General de la República, el Banco Central y el Tribunal Constitucional
Sobre este último, el profesor Navarro advierte: “Especialmente grave es la pretensión de modificar, tanto la integración como el ámbito de competencias del Tribunal Constitucional. La eliminación de las designaciones que efectúa la Corte Suprema podría potenciar la politización de dicho órgano jurisdiccional. Por su parte, la eliminación del control preventivo de constitucionalidad sería muy desaconsejable, dado que en todos los países, las minorías parlamentarias disponen de mecanismos de impugnación de las leyes, evitando que surja una disposición legal contraria a la Constitución Política”.
Ahora bien, en relación al Banco Central agrega que “aparentemente no se incluiría en el texto un reconocimiento expreso a su autonomía, relegando la determinación de sus competencias y atribuciones a una norma de carácter legal, lo que constituye un evidente deterioro de su fortaleza institucional”.
Los cambios en democracia
Los expertos también abordan uno de los fundamentos principales para el cambio constitucional: que no tendría legitimidad porque se hizo en dictadura.
En ese ámbito, los autores recuerdan las reformas que se han hecho durante los últimos 25 años, destacando los cambios aprobados durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. “La gran reforma de 2005, durante el gobierno del Presidente Lagos elimina los denominado “enclaves autoritarios” (senadores designados, atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, remoción de militares, entre otros), a lo que debe agregarse fortalecimiento de los derechos fundamentales; se reconocen principios de probidad y publicidad; atenuación de las atribuciones presidenciales, al fortalecer el rol del Congreso en materia de fiscalización; y reforzamiento de la judicatura constitucional, modificando la integración y atribuciones del Tribunal Constitucional, órgano en que se radicó el control de constitucionalidad de las leyes”, recuerda Navarro.
Y agrega que “se hizo presente por el Presidente de la República que, por primera vez, teníamos un “texto verdaderamente democrático”.
Cabe señalar que ambos informes consideran hasta marzo de 2015, por lo que el “Proceso Constituyente” anunciado por la presidenta queda fuera de su análisis.
