Las cifras del nuevo "plan clase media" con que La Moneda busca apagar el incendio de las pensiones
Las cifras del nuevo "plan clase media" con que La Moneda busca apagar el incendio de las pensiones
El día después de la dura derrota en la Cámara de Diputados, en el comité político todos los ministros tuvieron que hacer un mea culpa de por qué no había sido posible cuadrar a los parlamentarios oficialistas para que rechazaran el retiro del 10% de los fondos de pensiones en tiempos de pandemia. La reunión con el presidente Sebastián Piñera fue sincera y al mismo tiempo muy dura, revelan fuentes de Palacio. Aseguran que se analizaron los hechos, el nivel de las negociaciones y se decidió dar vuelta la página, sin antes definir los pasos a seguir hacia el futuro.
Minutos después de la derrota del miércoles, en Palacio habían decidido seguir una estrategia severa y apartar a los parlamentarios que a pesar de ser de gobierno, usualmente votan en contra de las iniciativas oficialistas. En la reunión se discutió si seguir o no esa línea. Se acordó que en el corto plazo era importante reclutar más que separar, aunque hubo consenso en que el futuro la relación entre el Ejecutivo y los partidos debía redefinirse.
Por eso hasta el Presidente Piñera habló de un nuevo trato, y al final del día se optó por suspender el comité político de los días lunes con los partidos, para dar paso a un periodo de reflexión y en donde cada cual analizara como debía ser la relación para adelante.
Una definición política que graficó este viernes el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. "Para el gobierno es incomprensible que haya parlamentarios, y no es el caso de la gran mayoría, que voten por proyectos o ideas ajenas a nuestro ideario", afirmó en conversación con Tele13 Radio. "Quizás vamos a tener una coalición algo más chica, más acotada, pero esperamos con un trabajo más cohesionado, con mucha mayor convicción y con la capacidad de fijar posiciones comunes en torno a las ideas que animan a la centro derecha", sentenció.
En la reunión del jueves, sin embargo, no se quedaron solo en los lamentos, sino que también comenzaron a proyectar lo que viene. Y en ese sentido, definieron que había que insistir en “las bondades” del último paquete económico que el gobierno habían ofrecido a la clase media el miércoles, horas antes de la votación. Dejar en claro y explicar con peras y manzanas -al menos en sus filas-, por qué el plan presentado por La Moneda era más conveniente para las personas, que retirar los fondos destinados a su vejez.
Mientras, en Teatinos 120, el equipo de la Dirección de Presupuestos se abocaba al informe financiero del proyecto que movilizará US$ 1.500 millones para respaldar a la clase media, un sector que hasta la fecha no había recibido apoyo del Ejecutivo. Ponerle números reales era urgente sobre todo porque el anuncio se había realizado para enfrentar la contingencia, pero ahora requería bajarlo a cifras concretas, un tema en desarrollo porque en Hacienda están a la espera de datos sobre el universo de potenciales beneficiarios en cada uno de los ítemes. Una de esas incertidumbres, por ejemplo, es el costo que tendrá la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia.
Si hay temas que ya han sido despejados, como que para garantizar la postergación de los créditos hipotecarios se requerirán unos US$ 650 millones, cerca de US$ 90 millones para eduacion superior (CAE), y unos US$ 50 millones para el subsidio al arriendo que ahora tendrá un tope de $600 mil, cifras que podrían crecer dependiendo del universo que finalmente terminará solicitando la ayuda.
En lo que se enfoca la Dipres ahora es en esbozar cuánto le costará al ejecutivo el subsidio al préstamo solidario, en el cual La Moneda se comprometió a subsidiar el 25%. Las estimaciones han ido variando y ahora se estiman unos US$ 800 millones para que las personas puedan acceder a créditos por $2.6 millones.
Sumando y restando, dicen en el gobierno cerca de US$ 200 millones sería el aporte estatal, si bien en Hacienda contemplan como escenario plausible que una buena parte de esas personas les cueste pagar el crédito o simplemente no lo hagan, porque está atado a si las personas consiguen o no un nuevo empleo, por lo que los recursos fiscales probablemente serán más altos. Con un ingrediente adicional: los préstamos son a tasa cero, y el fisco no se endeudará a esa misma tasa a largo plazo, lo que significará un costo adicional.
Es precisamente en este ítem donde se centran algunas de las críticas del nuevo plan, porque para algunos economistas, esta medida incentivaría la informalidad. Con todo en el gobierno juegan a ganadores, y dicen que lo primero es intentar frenar el proyecto en la votación en particular en la Cámara, que se realizará la próxima semana.
Mientras antes mejor, aseguran en el Ejecutivo. Saben que en el Senado tienen más seguridad de que la iniciativa sea rechazada, porque aun cuando toda la oposición vote a favor del retiro, sólo si dos de los suyos se cuadra con la iniciativa opositora, el ejecutivo perdería la votación, algo que solo temen ocurra con el senador Manuel José Ossandón.
En el gobierno apuestan incluso a que senadores de oposición también se descuelguen de la aprobación. Aunque un tweet del senador PPD Ricardo Lagos Weber -quien ha sido crítico de la fórmula del retiro de fondos- introdujo un elemento de preocupación. "El rechazo de parte de sus propios parlamentarios a su propuesta mostró una actitud inoperante del gobierno... en la oposición no creo haya dudas acerca de la forma en la que vamos a votar con unidad el 10%", sentenció.
Por lo pronto la idea del gobierno es salir a mostrar que habrán nuevas medidas para apoyar a los ciudadanos en apuros económicos, poniendo especial énfasis en los subsidios al empleo.
