Por Carlos Agurto
“Tuvimos un comité de ministros, liderado por la ministra (del Trabajo, Ximena) Rincón, que nos juntamos muchas veces. Discutimos muchísimo”. Con esta frase, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, sinceró públicamente las diferencias existentes al interior del Comité de Ministros que analizó las propuestas de la Comisión Bravo.
Fue en medio de la conferencia de prensa convocada para explicar a la prensa las propuestas dadas a conocer la noche del martes por la Presidenta Michelle Bachelet en cadena nacional, donde el secretario de Estado agregó que “es evidente que no todos pensamos igual al comienzo, pero (al interior del comité de ministros) logramos una convergencia impresionante y eso es fruto del diálogo”.
Valdés llegó ayer cerca de las 10:30 horas a La Moneda acompañado por la coordinadora de Estudios del Ministerio de Hacienda, Paula Benavides, y con el coordinador general de asesores de la cartera, Enrique París. Una vez en su interior, los tres se dirigieron a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, en el segundo piso del Palacio, donde los esperaba la ministra Rincón. Luego de cinco minutos, los cuatro llegaron a la sala de conferencias para enfrentar a la prensa.
“Lo que hoy estamos presentando no es un proyecto de ley final, con todos sus contenidos ya definidos hasta el último detalle. Es un rayado de cancha, porque el gobierno tiene claridad en la senda en que queremos avanzar. Pero también esperamos ideas y propuestas de los distintos actores sociales para precisar los contenidos más específicos”, sostuvo Valdés, dando cuenta que en muchas de las propuestas anunciadas por Bachelet hay más dudas que certezas, incluso al interior del gobierno.
Por ejemplo, aún surgen divergencias respecto de una de las principales medidas anunciadas: la creación de un nuevo pilar denominado de ahorro colectivo solidario. Al respecto, el jefe de las finanzas públicas explicó que éste se sustentará con el incremento gradual de cinco puntos porcentuales de la tasa de cotización, con cargo exclusivo al empleador, y que en régimen recaudaría 1,5 puntos del PIB, es decir, unos US$ 4.500 millones.
Sin embargo, todavía no hay claridad respecto de cuál será la entidad responsable de administrar dichos fondos. En este punto es donde surge quizás la principal diferencia al interior del Comité de ministros que, además de Valdés y Rincón, componen los titulares de Economía, Luis Felipe Céspedes; de Desarrollo Social, Marco Barraza; y de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual.
“La distribución de fondos y los mecanismos de funcionamiento deben ser parte de las conversaciones de la construcción de un pacto”, explicó Valdés en la conferencia de prensa, dando cuenta que este tema aún está lejos de estar zanjado.
Además, de acuerdo a conocedores de las conversaciones en dicha instancia, hasta antes del anuncio de la Mandataria todavía existían diferencias entre los ministros respecto del porcentaje de esos fondos que deberían destinarse al nuevo pilar de ahorro colectivo solidario y cuánto a las cuentas individuales de los trabajadores.
No obstante, la Presidenta Bachelet fue enfática en su discurso respecto de que los cinco puntos porcentuales adicionales de cotización se destinarían por completo a financiar el llamado “cuarto pilar”: “Este aumento en la cotización, nos permitirá crear un pilar de ahorro colectivo solidario. Una parte de él permitirá aumentar las actuales pensiones y otra parte será destinada a lograr más equidad en las pensiones futuras de los actuales trabajadores que cotizan”, indicó la mandataria en su discurso y tras esa postura se cuadraron todos los ministros, al menos públicamente.
Regulación de las AFP
Otra de las materias que provocan disenso en el oficialismo tiene relación con los efectos que podrían generar en la industria los cambios regulatorios propuestos al sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), como la devolución de las comisiones en el caso que de que estas obtengan rentabilidades negativas, transparentar las denominadas comisiones de intermediación, la licitación de cartera de afiliados o la inclusión de representantes de los trabajadores en sus directorios.
Por esta razón, tras conocerse el paquete de medidas anunciados por Bachelet, representantes del gobierno y el propio superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, se comunicaron por vía telefónica con ejecutivos de las administradoras y el propio presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez-Mackenna, para bajar la tensión y asegurar que las propuestas estaban todavía en un estado “muy preliminar” de análisis.
De hecho, desde Hacienda y Economía no veían con buenos ojos el anuncio de estos cambios, ante la incertidumbre que generarían en el sector privado, en medio de la cruzada de los secretarios de Estado que conforman el comité de ministros económicos por entregar certezas al empresariado que permitieran un impulso de la actividad económica en los 19 meses que le restan al gobierno.
Sin embargo, la relevancia que tomó el tema de las pensiones en la agenda política obligó al titular de Hacienda a dar su brazo a torcer. “Finalmente Valdés entendió que el tema había llegado para quedarse y había que enfrentarlo”, explicó una fuente conocedora de las conversaciones.
Hoy continuarán las reuniones entre el Ejecutivo y los distintos actores involucrados en el debate previsional que se inició ayer con la visita de los ex presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos a la actual Mandataria Michelle Bachelet. Hoy la Jefa de Estado recibirá a los presidentes de los partidos y movimientos políticos con representación parlamentaria.
En tanto, en el sector privado, se confirmó un almuerzo del comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que reúne a los presidentes de los seis principales gremios empresariales y que tendrá al tema de las pensiones como eje central del encuentro.
Bachelet convoca a La Moneda a partidos y movimientos políticos para acuerdo por pensiones
