La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó un informe preliminar del Estudio de Mercado sobre Notarios que comenzó en julio del año pasado en donde propone una serie de medidas a fin de mejorar la competencia de dicho mercado.
Durante el estudio, la FNE comprobó la hipótesis de falta de competencia planteada, que señala que "la intensidad de competencia en el mercado de notarios es insuficiente, existiendo espacios de mejora regulatoria para corregir este aspecto".
El estudio revela que solo 17 servicios concentran el 90 por ciento de la demanda notarial, que las personas tardan aproximadamente 1 hora y 13 minutos en realizar trámites notariales y que aquellas notarías que enfrentan mayor competencia tienen mejor calidad de servicio.
Junto con eso se establece que los aranceles vigentes no se cumplen y que las rentas obtenidas por quienes prestan el servicio son elevadas, llegando a los 14 millones de pesos mensuales en promedio a nivel nacional y a 24 millones promedio en Santiago Centro.
Sobre los ámbitos que generan obstáculos para el funcionamiento competitivo del mercado, la FNE detalló que éstos son las barreras legales de entrada para operar en el mercado, una regulación muy restrictiva en relación a la conducta comercial de los notarios y una regulación muy detallada en cuanto a la forma en que deben proveerse los servicios.
Las recomendaciones de la FNE
- Revisión de funciones notariales, es decir, el número de trámites y funciones asignadas a notarios.
- Modificar normas de entrada al mercado, permitiendo el libre ingreso y creación de notarías.
- Modificar las reglas de conducta comercial de los notarios, entregando mayor libertad a los notarios para estructurar su negocio desde el punto de vista comercial.
- Modificar las reglas que regulan la forma en que debe proveerse el servicio, manteniendo a nivel legal solo funciones u objetivos dejando la definición de los medios para lograr dichos objetivos a regulación administrativa.
- Estandarizar la forma de generar, almacenar y transmitir información, permitiendo mejor interconexión con, por ejemplo, los Conservadores de Bienes Raíces.
- Reemplazar el actual fiscalizador por uno nuevo que tenga jurisdicción en todo el país.
- Realizar los cambios propuestos en relación con la estructura regulatoria de las funciones notariales, con la estandarización de la forma en que se genera, almacena y transmite la información, y con la modificación del ente fiscalizador.
- Creación de una categoría “notarios certificadores” que se hagan cargo de las funciones primordialmente mecánicas bajo un esquema de mayor competencia.
- Mantener a los notarios públicos actuales proveyendo los servicios de mayor importancia pública, pero modificando sustancialmente la forma en que se eligen.
