Se dice que en el caso Odebrecht en Colombia "pasa todo y no pasa nada".
A diferencia de en países como Brasil y Perú, donde el escándalo de corrupción generó verdaderos "terremotos políticos" entre las cúpulas gobernantes, en este país los efectos han sido menores, al menos en lo que se refiere a la renuncia o suspensión de autoridades, juicios y condenas contra los involucrados y reformas políticas.
El último de los episodios de este escándalo continental sucedió en Lima la pasada semana, con la renuncia del fiscal general Pedro Gonzalo Chávarry, asediado por las acusaciones de obstrucción a la investigación del caso.
En Perú incluso cayó por este caso el presidente Pedro Pablo Kuczynski y está siendo investigado el expresidente Alan García.
En cambio, en Colombia, pese a la aparición de videos, grabaciones y diferentes evidencias, los procesos judiciales avanzan con lentitud y entre cuestionamientos.
De hecho, el mayor escándalo de corrupción de este siglo en América Latina no ha impedido que varios de los presuntos involucrados más poderosos continúen ejerciendo su vida pública desde diferentes cargos.
Todos estos elementos señalan que, por ejemplo, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), con sede en Bogotá, considere que el sentido de imparcialidad en la justicia se encuentre en entredicho en Colombia.
Odebrecht en Colombia
La controversial constructora brasileña perteneciente a Marcelo Odebrecht logró importantes adjudicaciones de contratos con el Estado colombiano en sociedad con otros consorcios nacionales muy poderosos.
Es por ello que, a finales del año pasado, la justicia de este país la condenó junto a sus socios a pagar una multa de alrededor de US$250 millones por el pago de sobornos.
También se determinó que quedará inhabilitada para asumir cualquier contrato con el país durante los próximos 10 años.
Los sobornos fueron realizados entre 2009 y 2014, según una investigación hecha por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Después, en 2017, la Fiscalía General enumeró las irregularidades que serían investigadas en diferentes contratos y estableció que al menos 28 personas serían procesadas.
Se cree que alrededor de US$33 millones se movieron en los sobornos.
Después fueron varios los actos judiciales que se realizaron, algunos involucrados llegaron a estar detenidos, otros ya recuperaron su libertad y hay quienes abandonaron el país.
El escándalo llegó a alcanzar a los exmandatarios Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos debido a que algunos de sus excolaboradores se vieron involucrados.
Ambos rechazaron con vehemencia las acusaciones que les hicieron en su momento y señalaron desconocer del movimiento irregular de dinero, aunque todavía son cuestionados.
Las muertes que sacudieron el caso
Dos muertes en noviembre del año pasado sacudieron el caso.
Primero la de Jorge Enrique Pizano, un testigo clave de lo sucedido, por un paro cardiorrespiratorio, según el informe médico.
Luego la de su hijo Alejandro, cuatro días después, envenenado tras ingerir cianuro sin saberlo en una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre.
Los fallecimientos, de los que no existe vínculo probado con todo el entramado de corrupción, desataron un sinfín de cuestionamientos sobre la investigación.
Muchos han criticado la investigación de las muertes y el director del Instituto Forense de Colombia (encargado de las autopsias) debió renunciar por irregularidades en el manejo de pruebas por la muerte de Jorge Enrique Pizano.
En diciembre de 2018, también falleció envenenado por cianuro otro testigo, Rafael Merchán, aunque las indagaciones de la Fiscalía tampoco han establecido nexo alguno con el caso y se apunta a que se trató de un suicidio.
El fiscal general
Tras la muerte de Jorge Pizano, quien fue auditor de algunos de los contratos relacionados con Odebrecht, se hicieron públicas unas grabaciones de 2015 en las que esta persona le comenta algunas irregularidades al actual fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez.
En ese entonces, la autoridad era asesor jurídico de uno de los grupos financieros que se habían beneficiado de las adjudicaciones, el grupo Aval, del cual es accionista mayoritario Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia.
Jorge Pizano era auditor en la misma empresa.
A partir de aquello, los cuestionamientos contra Martínez se multiplicaron y se nombró al jurista Leonardo Espinosa como fiscal encargado específicamente de seguir con la investigación del caso Odebrecht.
Pero incluso ese nombramiento ha sido cuestionado, porque el fiscal ad hoc es visto como una persona cercana a Martínez y los críticos dudan de su imparcialidad.
Incluso antes de asumir su cargo, Leonardo Espinosa publicó a finales del año pasado un comunicado en el que negaba cualquier relación de amistad o negocios con el fiscal general, que a su vez niega cualquier conocimiento del pago de sobornos.
El centro de estudios Dejusticia presentó una demanda para pedir la nulidad del nombramiento del fiscal general.
Primero, "el señor Néstor Humberto Martínez no cumplió con su obligación de informar en su momento que contaba con información de los hechos de Odebrecht y segundo, su involucramiento con los grupos que administraron una concesión (involucrada con el caso), por lo que existía conflicto de intereses", indicó a BBC Mundo Vivian Neuman, directora de Dejusticia.
Este martes, el Consejo de Estado rechazó la demanda argumentando que las fechas para presentar la nulidad se habían vencido 30 días después del nombramiento, hecho en julio de 2016.
Mientras tanto, grupos universitarios y partidos políticos realizaron la semana pasada una marcha pidiendo la salida de Martínez, buscando seguir el ejemplo de Perú.
Los organizadores han dicho que continuarán todos los viernes con las protestas frente a las sedes de la Fiscalía en las principales ciudades colombianas hasta que renuncie el fiscal.
Por su parte, la autoridad judicial ha rechazado cualquier involucramiento con las irregularidades en el caso Odebrecht.
En su momento, Martínez dijo que, desde su nombramiento, a finales de 2017, se han realizado numerosas detenciones de exfuncionarios públicos y políticos involucrados en casos de corrupción pública como uno de los principales argumentos para defenderse de las críticas en su contra.
Aunque también se cuestiona que muy pocas de estas capturas y juicios afectan seriamente a las poderosas e influyentes cúpulas políticas y económicas de Colombia.
