Chile no es la excepción. En distintos países del mundo también se debate la posibilidad de subir los impuestos para pagar programas de ayuda y hacer frente a la pandemia. Argentina, Brasil y Perú, de hecho, están estudiando acciones tributarias concretas, lo que según Bloomberg, ha provocado un incremento en el número de personas que están solicitando asesorías para reubicarse en lugares con menores cargas tributarias.
En este escenario, Uruguay destaca en el mapa. Porque desde hace décadas ha generado incentivos para llevar a su país inversión extranjera, algo que ha tenido mucha acogida entre los argentinos, pero que hoy muchos apuestan podría atraer también a chilenos. Gente que se siente desincentivada a pagar lo que consideran impuestos excesivos y buscan cambiar su residencia tributaria: si bien parte del patrimonio es ilíquido, está invertido y es difícil de trasladar, otra buena porción es fácil de mover y Uruguay está ofreciendo paquetes de incentivos muy atractivos.
Básicamente, cuenta con una ley de inversiones que entrega rebajas importantes en cargas impositivas; y a diferencia del resto del mundo, en Uruguay, empresas y personas que son residentes fiscales allá pueden hacer negocios en el exterior sin estar sujetos a pagar impuestos en ese país, algo estratégico para inversionistas, que desde la pandemia enfrentan un proceso mucho más sencillo para conseguir esa residencia. Según Axel Christensen, Director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock “en Uruguay es posible obtener la residencia tributaria con una inversión baja, y se puede optar a reducir la cantidad de impuestos que cobra el Estado en función de cuántas personas contratas. Si son 15 locales empleados, el estado ofrece un régimen especial y eso ha funcionado con harta fuerza en servicios contables o servicios administrativos y financieros; además de ofrecer zonas francas para servicios con el objeto de atraer empresas tecnológicas y financieras”.
Algo que según expertos tributarios hay que considerar sobre todo ahora que Chile busca establecer un impuesto a las grandes fortunas -el mismo que ha sido eliminado en gran parte del mundo- lo que podría generar un movimiento importante de activos. Porque competencia hay.
¿Impacto en el empleo?
El gran temor durante la crisis social era que el panorama vivido en el país terminara con la huida del capital extranjero desde Chile hacia otros países. Pero curiosamente, según datos de InvestChile, los aportes de capital extranjeros crecieron un 53% este semestre en comparación al mismo periodo en 2019, lo que indica que desde fuera, nuestro país sigue siendo valorado por su estabilidad, clave para cualquier negocio, si bien se pensó en algún momento que ese estatus podía estar en riesgo por el estallido.
Ahora, la preocupación es que la fuga se dé a la inversa: que la inversión nacional se vaya del país provocando un impacto importante en el empleo, que ya hoy está sufriendo de manera dramática. Esto sería incluso más delicado si alguno de nuestros vecinos termina ideando algún mecanismo como el pasaporte de oro de Portugal que desde que creó el programa “Portugal Golden Visa”, en 2012, ha atraído a miles de empresarios extranjeros, por su flexibilidad y beneficios: una inversión de 500 mil euros en inmuebles en ese país, le permite a las personas obtener un permiso de residencia para toda su familia y después de cinco años convertirte en ciudadano europeo. Un riesgo que aparece en medio de la discusión impositiva, porque como dice Christensen “hay inversión casi inamovible, en empresas y en bienes raíces, pero la financiera se encuentra literalmente a la pulsación de un botón”.
