Por Paula Comandari
No han sido semanas tranquilas al interior de Codelco. A la querella presentada hace dos semanas en contra del ex presidente ejecutivo de la compañía, Nelson Pizarro, el lunes pasado se tomó la decisión de interponer una acción criminal en contra de cuatro sindicatos de dos de sus divisiones: Radomiro Tomic y Chuquicamata, que involucra a 50 trabajadores.
Los temas corren por carriles paralelos. Poner en jaque a Pizarro no fue fácil para la plana ejecutiva. Por primera vez en la historia de la compañía se enfrentan a un ex número 1. Ellos lo acusan por un eventual conflicto de interés, al visar una operación en la división El Salvador, sin transparentar que tenía un vínculo comercial con una de las firmas que ganó parte de ese contrato: la compra de una lujosa casa en Colina, que no reveló, pese a que según fuentes en Codelco, se le consultó en varias ocasiones.
El Ministerio Público sigue la línea de un eventual fraude al fisco, sobre todo ahora que Cochilco, el ente encargado de fiscalizar a Codelco, estaría ad portas se evacuar un informe con los impactos financieros que esa licitación le habría generado a la cuprera –algo que la empresa siempre ha negado- y que sería por sobre los USS 100 millones. El perjuicio se habría provocado por el error de cálculo en el plan minero, en el cual se licitó por 105 millones de toneladas, cuando lo que se podía extraer no alcanzaban a ser 30 millones, y salpicaría a varios ejecutivos, que deberán responder ante la Fiscalía.
Lo ocurrido el 26 de septiembre, cuando se concretó esa acción judicial, fue la primera gran señal que entregó la nueva administración, liderada por Juan Benavidez, en su calidad de cabeza del directorio, y el nuevo presidente ejecutivo, Octavio Araneda, de que en la cuprera ya no habrían “intocables”.
La querella presentada por Codelco esta semana intenta esclarecer una supuesta estafa en la que habrían incurrido 50 trabajadores, en el manejo de seguros de vida y accidentes: presuntos sobreprecios “injustificados y fraudulentos” que debieron pagar los trabajadores y la corporación, que comparten el financiamiento de las pólizas en partes iguales, y que estaban abultadas, en relación al precio de mercado, para generar un beneficio a este grupo de empleados, y que Codelco estima los impactó con un monto cercano a los USS 20 millones.
Los que manejan bien “el tejemaneje” de esta artimaña afirman que dentro de la prima se consideraba la asistencia sicológica y legal para las viudas de algún trabajador, lo que era engañoso porque se pagaba, si bien era “un servicio” que se ocupaba tarde, mal y nunca, porque para efectuarse se requería de algún tipo de siniestro.
El tema es más complejo aún, porque en este ardid estarían involucrados ejecutivos de la Aseguradora Chilena Consolidada, que es la razón de por qué Codelco, presentó esta semana, una acción prejudicial en su contra. Básicamente, solicitó ante Tribunales que le exija a la compañía poner todos los antecedentes relacionados a este tema a disposición, de modo de tener claridad sobre las personas involucradas en este fraude, y definir así los pasos a seguir.
Además, ayer despidieron a 10 trabajadores, e interpusieron una demanda laboral que les permita quitar el fuero a una serie de trabajadores sindicalizaos, de modo de comenzar las investigaciones correspondientes, si bien hay un tema importante que el Ministerio Público deberá despejar: cuánto, en realidad, se sabía en Codelco sobre esta dinámica fraudulenta, una fórmula que dicen fuentes al interior de la firma se habría visado como fórmula para mantener al sindicato alineado.
Ayer, después de dos intentos fallidos, el presidente Piñera junto al jefe del Segundo Piso, Cristián Larroulet, concretó una reunión en la que participaron el ministro de Minería Baldo Prokurica, y el propio Benavidez. Hay preocupación en La Moneda por el eventual descontrol que habría en las divisiones, y además intentan poner paños fríos al conflicto que enfrenta a la cuprera con la contraloría.
En un comienzo, desde Palacio, insistieron en la opción de que la cuprera retire la demanda en contra del ente fiscalizador, a lo que Codelco no estuvo disponible. En cambio, las negociaciones se centran hoy en hacer más eficiente la supervigilancia sobre eventuales conflictos de interés y negocios entre relacionados, cuestión a lo que la cuprera estaría disponible y que incluye, por ejemplo, que un número mayor de ejecutivos deba realizar declaración de interés y patrimonio hasta el tercer grado de consanguineidad, pasando de 80 a casi 2100.
Además la idea sería entregar nuevas facultades a Cochilco para que pueda ejercer una verdadera fiscalización, si bien la Contraloría insiste que el control debe ejercerse bajo la ley de compras públicas, y no bajo las reglas de una sociedad anónima como insiste la cuprera. Pero ese histórico conflicto está lejos de terminarse.
