Por Sandra Burgos
La cita estaba prevista para las 16 horas de ayer…y casi puntual partió. El fiscal de AFP Habitat, José Miguel Valdés, y el abogado Alvaro Morales, llegaron hasta las dependencias de la Fiscalía Nacional con un objetivo claro: convencer al director de la Unidad Lavado Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (Ulddeco), Mauricio Fernández, que el fiscal José Morales no siga liderando la investigación del Caso Cascadas.
A juicio de la administradora de fondos de pensiones, que presentó en diciembre de 2013 una querella criminal en contra de quienes resultaran responsables por las infracciones a la ley de mercado de valores, es necesario que se designe un Fiscal regional distinto o bien quede en manos del Fiscal Nacional y su equipo la investigación, para que se complete debidamente.
Las razones esgrimidas para pedir la salida de José Morales del caso, se sustentan en que a comienzos de agosto partirá la audiencia de preparación de juicio oral en el Caso La Polar, la cual también lleva Morales. AFP Habitat considera que dado la magnitud de las pruebas que se presentarán el proceso podría tomar varios meses, lo cual implicaría que se atrasaran las diligencias del Caso Cascadas.
Dudas en la conducción del caso
En su presentación, AFP Habitat es clara en señalar que la conducción de la investigación no ha sido minuciosa como lo amerita la complejidad del caso. Señala que lo que se ha hecho es seccionar el esquema denunciado por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Explicaron a Mauricio Fernández que las diligencias probatorias realizadas hasta ahora son insuficientes, sobre todo en lo que respecta a las personas que participaron. Aseguraron la nula existencia de diligencias intrusivas por parte del Ministerio público, ya que en los 3 años de investigación no se han incautado correos electrónicos ni la contabilidad de quienes aparecen como responsables del esquema, ni de las sociedades utilizadas para ello.
En este sentido, sólo destacan instrucciones dadas a la policía para solicitar en febrero la entrega voluntaria de antecedentes, por ejemplo a Banchile Corredores de Bolsa, donde se incautó el computador de Cristián Araya, el cual ya había sido reseteado.
Asimismo, ponen en la mesa, un escaso repertorio de declaraciones, sólo 10 a abril de 2015 y la falta de una investigación a los beneficiarios de las ganancias.
