"Queremos poner fin a los casos de colusión, como los que hemos conocido en las farmacias o los pollos, porque la colusión es un hecho inaceptable bajo todo punto de vista", aseguró la presidenta Michelle Bachelet cuando firmó en marzo pasado el proyecto de ley que busca reformar el sistema de defensa de la libre competencia.
La iniciativa, que se encuentra en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, contempla sancionar la colusión con penas de entre 5 y 10 años de cárcel, mejora el sistema de control de fusiones, establece un nuevo límite para las multas aplicables por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), y entrega más capacidades a la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Fueron precisamente estos dos organismos -la FNE y el TDLC- los que esta semana expusieron ante la comisión para destacar los puntos clave del proyecto y exponer sus principales reparos sobre algunos aspectos.
FNE: "El proyecto tiene un muy buen lejos"
Aunque resaltó que el proyecto impulsado por el gobierno va en la dirección correcta, el fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, sostuvo que hay detalles que se deben ir revisando en el marco de la discusión, a fin de mejorar la redacción. "El proyecto de ley tiene un muy buen lejos", aseguró, y destacó que se trata de una iniciativa que está fundada en informes de organismos internacionales y universidades extranjeras.
A su juicio, la iniciativa es una "mesa de cuatro patas en lo medular", y fue en esos puntos en los que centró sus comentarios.
Fusiones
"A nuestro juicio la modificación de fusiones es una cuestión gruesa, estructural y muy relevante", detalló el funcionario, por lo que apuntó que el control debe realizarse de manera inteligente porque de lo contrario "va a entrabar el libre emprendimiento". Al respecto, destacó que las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apuntan a que se debe establecer una delimitación certera sobre el ámbito de control.
"Probablemente la parte más relevante en esto es que el umbral sea razonable, no sea ni muy alto ni muy bajo", aseguró y dijo que "lo más importante, incluso más que el número, es que exista un mecanismo que sea fluido para poder hacer el cambio". Ante lo anterior, calificó como "relevante" los umbrales en monto que se plantean para el control obligatorio de fusiones por parte del organismo, y aunque se manifestó a favor de lo propuesto por el gobierno, aseguró que, dado la importancia del tema, "hay que discutirlo con más finura".
Multas
Un estudio encargado por la FNE a la University College London había planteado elementos que están en el proyecto de ley, como eliminar el tope y definir multas en base del beneficio obtenido o el daño causado. No obstante, el funcionario explicó que si se aplica una multa sobre el doble del beneficio obtenido o el 30% de las ventas.
Frente esto, apuntó que como Fiscalía, "uno podría tratar de redactar una guía de cómo nosotros vamos a hacer el cálculo de la multa nuestra". Sobre los comentarios de algunos parlamentarios respecto de que si el alto valor de las multas podría ocasionar la quiebra de algunas empresas, Irarrázabal recalcó que en la Fiscalía no quieren que desaparezcan actores del mercado, sin embargo, quizás sea ese "susto" el que busca el proyecto.
Estudios de mercado
Según el titular del organismo, la posibilidad de realizar estudios de mercado "le va a dar un poco de luz al ambiente", ya que sostuvo que muchas veces los organismos sectoriales están "muy capturados". En esa línea, informó que los resultado de un estudio, financiado por la embajada británica para todos los países de América Latina, arrojó que esta facultad es muy limitada en Chile.
En ese sentido, sostuvo que hasta ahora la FNE no puede solicitar información a particulares fuera del contexto de una investigación, lo que cambiará con el nuevo proyecto.
Carteles
"Es lo peor", así calificó Irarrázabal la figura del cartel en la libre competencia. Ante este escenario, afirmó que en el fortalecimiento de la delación compensa está la clave. "Si no fuera por la delación compensada, la posibilidad de encontrar un cartel es muy remota".
Aquí también destacó la importancia de que sea considerado delito la entrega de información falsa. "Esto es muy relevante. Yo creo que mentirle a la autoridad tiene que tener una sanción".
TDLC: "Hay varios aspectos que preocupan"
Según detalló el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Tomás Menchaca, en el organismo hay consenso respecto de distintos puntos contemplados en el proyecto de ley, como la importancia de mejorar las multas y la necesidad de establecer un sistema de control preventivo de operaciones de concentración.
Sin embargo, aseguró que "hay varios aspectos que preocupan en forma bastante importante al tribunal", los que se relacionan con la penalización de los denominados carteles duros, con la fórmula destinada a calcular las multas máximas aplicables y con las definiciones vinculadas al control preventivo de operaciones de concentración.
Penalización de carteles duros
Pese a que destacó que hay consenso respecto de que la colusión es un ilícito merecedor de la pena de cárcel, aseguró que "en el tribunal estamos de acuerdo en que no parece prudente aplicar una sanción penal" a los carteles duros.
En esa línea, sostuvo que cuando existió en Chile nunca se aplicó, mientras que ahora han habido muchas más sanciones que antes: "Desde que se creó el Tribunal hace 10 años se han desbaratado más carteles que en toda la historia anterior". Además, alertó sobre el riesgo de tener juicios paralelos y caer en la doble sanción, por un lado, el TDLC y, por el otro, la justicia ordinaria.
Fórmula de cálculo de multas
"Hay consenso respecto a las multas, pero se deben establecer límite máximo global porque muchas empresas podrían quebrar y eso va en contra de la libre competencia", aseguró el titular del TDLC. No obstante, precisó que sus reparos apuntan a la fórmula utilizada para el cálculo, ya que si es en base al beneficio económico podría no ser consistente con la existencia de infracciones que sólo tienden a producir efectos contrarios a la libre competencia, y en el caso del 30% de las ventas se debiera aclara a cuáles se refieren, dijo.
Definiciones del control preventivo
Menchaca dijo que el TDLC considera necesario establecer un sistema preventivo de los riesgos derivados de las operaciones de concentración, sin embargo, explicó que como está planteado el proyecto se producen diversos inconvenientes, como una "definición de operación de concentración demasiado amplia" y que la definición de umbrales debiera ser en relación a las "ventas de los agentes económicos que pretenden fusionarse".
En esa línea, el funcionario explicó que el proyecto también contempla otras definiciones que no están claras, como la delación compensada, que no precisa -por ejemplo- a quién incluye -persona natural o jurídica-, por lo que sería necesario aclararlo.
