Larraín Matte y proceso constituyente: Debate no está en si el Estado saldrá a la calle a expropiar
Bernardo Larraín Matte fue el encargado de abrir un debate en torno al proceso para cambiar la Constitución que está impulsando el Gobierno y que hoy se encuentra en fase de consulta ciudadana en las distintas comunas del país.
El tema preocupa a empresarios y gremios empresariales. Uno de los reclamos es que no existe una propuesta sobre la mesa en torno a los aspectos que se quieren modificar, lo que podría abrir una ventana para que todo pueda reformarse.
Matte, presidente del Círculo Empresa y Sociedad de Icare, entidad que organizó el panel, explicó la relevancia que tiene el tema: “Hay un debate trascendente plenamente vigente, es el debate constitucional”.
En su presentación, el también presidente de Colbún explica que hay diversas posiciones sobre la justificación de la discusión constitucional. “En lo que sí debemos estar de acuerdo, es que el debate se ha centrado más en esta diversidad de justificaciones y de alternativas de procedimiento para cambiar la Constitución, que en los contenidos que llenarán sus páginas. ¿Cuáles son los contenidos de la carta que se desea mantener, cambiar, eliminar o agregar? Es inevitable que la postergación de la discusión de los contenidos genere incertidumbre”.
Larraín Matte destacó el tema de la propiedad privada. “El debate no está en si el Estado saldrá a la calle a expropiar empresas a la venezolana. Quienes así argumentan, inhiben el debate de fondo”.
A su juicio, los debates más interesantes son “cómo se entiende lo expresado en el programa de gobierno (…) en cuanto a que la ley podría delimitar el contenido del derecho de propiedad en función de su rol social”. Y enfatizó que la discusión es respecto de “qué consecuencias trae para el libre uso y goce de los atributos de la propiedad privada, entre ellos el derecho a la legítima utilidad de un emprendimiento privado, el que este emprendimiento use en su actividad recursos naturales como los hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico, respecto de los cuales el programa de gobierno sostiene que la nueva constitución debe reconocer su dominio público pleno, absoluto, inalienable e imprescriptible”.
¿Legitimidad o ilegitimidad?
En el panel estaba integrado también por Enrique Barros, abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos (CEP). Desde su perspectiva, “la constitución debe ser ascética, un marco de referencia”, donde haya espacio para “la política de ambos lados”. Según el abogado, “el problema más esencial que tiena la Constitución de 1980 es un problema de origen”. Y si bien afirmó que “la sensación de ilegitimidad es un costo muy alto para la economía chilena”, aclaró que la constitución “desde el punto de vista procedimental, no está cargada de ilegitimidad”.
En su exposición, el presidente del CEP indicó que el régimen constitucional “debe contentarse con lo esencial, con los fines, no con los derechos” y preguntó, a modo de ejemplo, “¿qué problema constitucional se han dado en material laboral?”.
Con todo, Barros explicó que "hay muchos puntos de la constitución que podrían ser revisados (...). Es una constitución 'palabrosa', de demasiadas palabras", aseguró, a la vez que detalló que la Carta Fundamental "debe ser mejorada, sobre todo en la parte normativa y orgánica".
Minutos antes, el abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Chile, Fernando Atria -quien integró también el panel de discusión- había señalado que el norte debe ser “una nueva constitución que permite un orden político que podamos ver como propio”.
El panel ex presidente del Banco Central, Roberto Zahler, defendió en el marco del primer Icare el cambio constitucional que impulsa el actual gobierno. “Soy partidario de las mayorías ocasionales, aún a riesgo de que se pueda generar inestabilidad. Todos, incluidos los empresarios, debemos acostumbrarnos a que puede haber cambios en las reglas del juego y que dichos cambios pueden generar incertidumbre. Es lo normal en una democracia”.
Según Zahler, una parte relevante de la población estima la Carta Fundamental vigente no la representa, ya que ésta es percibida como la Constitución de Pinochet, más allá de las reforma y modificaciones que ha experimentado en el tiempo.
“Tiene que haber cambios. El fantasma está ahí y es difícil convivir con él”, aseguró.
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