Desde la semana pasada la pregunta que rondaba entre altas autoridades de gobierno era qué venía después del impasse generado con el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, algo que ya el fin de semana, en La Moneda daban por perdido.
En la mira estaban nuevas iniciativas parlamentarias que podrían tensionar nuevamente al Ejecutivo con sus propios partidos y entre ellas había una particularmente delicada y a la que en Palacio se resisten férreamente: la idea de un grupo de parlamentarios de oposición de crear un impuesto del 2,5%, por una sola vez, para fortunas sobre los US$ 20 millones, destinada a financiar una renta básica de emergencia en estos tiempos de pandemia, algo que dicen en el gobierno podría poner en jaque la inversión, en momentos en que la economía pasa por una situación muy compleja.
Por lo mismo, Hacienda preparó una minuta de cinco páginas que ya comenzó a repartir entre sus parlamentarios y algunos técnicos, para concientizarlos de lo “peligroso” que consideran cuadrarse con un proyecto como éste, enfatizando que gran parte de los 34 países de la OCDE que han impulsado este tipo de impuestos, han terminado por eliminarlos, porque se estimó que los ingresos fueron muy por debajo de lo inicialmente proyectado.
Entre los parlamentarios que apoyan el proyecto impulsado por diputados del Partido Comunista y de otros partidos opositores (ver foto), afirman que este plan podría generar recursos por cerca de US$ 6.500 millones, algo que contrasta con la minuta de Hacienda que señala que en los países que se ha implementado esta idea se recaudó entre 0,1% y 0,5% del PIB, lo que según cálculos del gobierno sería algo así como un quinto de lo que señala el proyecto presentado aquí. Es decir, US$1.300 millones.
“Pero a eso hay que descontarle una buena parte, porque rápidamente los empresarios cambiarían de sede su patrimonio, lo que demuestra que el objetivo de esta iniciativa no es recaudador sino que político”, señala el diputado UDI Jaime Bellolio.
Ese es el riesgo que analizan en Palacio: que se genere una fuga masiva de capitales, una de las mayores preocupaciones entre economistas y técnicos de distintas sensibilidades que ven con preocupación que este plan se trate de manera rápida y sin mayor análisis.
¿Un proyecto popular?
En La Moneda saben que el riesgo de que sus propios parlamentarios se cuadren con la idea es inminente, presionados por las redes y por la calle que celebra la iniciativa. “Imagino que hay una larga lista de diputados y senadores de nuestro sector tentados a adherirse”, dice un parlamentario oficialista.
Por lo mismo, en el Ejecutivo admiten que la cruzada será larga, toda vez que además, cuando se abrió el debate el año pasado, hubo incluso empresarios y líderes de gremio que públicamente se abrieron a la posibilidad de discutir sobre un impuesto al patrimonio, como Alfonso Swett, ex presidente de la CPC, y Manuel Melero, cabeza del comercio.
Esta vez, sin embargo, hay voces disidentes con el proyecto al interior de la oposición. En la comisión de Constitución donde se va a discutir la iniciativa –que iba a sesionar ayer para analizar el tema, pero finalmente se suspendió- su propio presidente, el diputado DC Matías Walker asegura que “tiene dudas desde el punto de vista jurídico”. Se estima que al ser un plan tributario es facultad exclusiva del presidente, y por lo mismo ya se presiona por una modificación constitucional, tal como se hizo con el retiro del 10% de las pensiones.
Sin embargo, Walker asegura que este tema se va a discutir, pero que será un debate lento, profundo, donde se invitará desde la CPC y otros gremios hasta economistas de todos los sectores.
El plan recién comenzará a debatirse en 15 días, después de la semana distrital, cuando se defina el procedimiento de trámite, pero en el mundo parlamentario algunos dudan que se le dé mucho rodaje, incluso desde la oposición, porque sería darle “más vuelo a la candidatura de Daniel Jadue", algo a lo que parlamentarios de la ex Concertación no estarían disponibles.
Debate abierto
Como éste es un proyecto generado para que se aplique en estado de excepción, muchos cuestionan que se legisle al respecto, aunque algunos parlamentarios ya aclaran que podría tramitarse igual, pero con otro objetivo: la reactivación y la recuperación económica, algo que se analiza en países como Francia y Reino Unido.
Es un tema que también se analiza entre economistas, si bien hay consenso entre técnicos de derecha y de izquierda que en plena crisis por el coronavirus sería lamentable que la idea tome fuerza. “Es un debate legítimo pero es un absurdo legislarlo ahora. Entendería discutirlo para ir pensando cómo vamos a gestionar la deuda futura, como se hizo a la salida de la crisis de los año 30, cuando se propuso un impuesto a la fortuna por una sola vez para pagar deuda pública”, indica el economista Guillermo Larraín.
Pero el debate ya aterrizó en La Moneda, y se ha convertido en un nuevo flanco abierto para el gobierno, en una semana donde lo ha perdido todo: se aprobó el proyecto del retiro del 10%, y además se rechazó el veto por los servicios básicos. El nuevo plan podría ser un nuevo golpe, que impacta directamente a la economía, el empleo y genera problemas como hacer tributar activos de una persona, sin que se descuenten las deudas, lo que abre complicaciones y asimetrías que los parlamentarios ya comienzan a mirar, mientras La Moneda monitorea de cerca.
