Esta semana la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite dos recursos de reclamación presentados por HidroAysén para impugnar la determinación del ministerio de Obras Públicas (MOP) de denegar la mayoría de los derechos de agua en los ríos Baker y Pascua solicitados por la compañía.
Según informó Diario Financiero, la empresa –representada por el abogado Eugenio Evans- solicitó que se deje sin efecto la decisión del MOP, donde se utilizó una facultad presidencial, contenida en el artículo 147 bis del Código de Aguas.
Además, le dio un plazo de 15 días al titular del organismo, Carlos Estévez, para que emita un informe respecto a las mencionadas resoluciones.
HidroAysén aseguró que no correspondía aplicar la facultad presidencial, y acusó el actuar arbitrario e ilegal por parte de la autoridad, que incluso infringiría algunos artículos contenidos en la Constitución.
"Invocando intereses medioambientales y turísticos, los que ciertamente escapan a su competencia (y que por lo demás no concurren), la DGA –en el informe que emitió para fundar el decreto- pasó por alto que ella misma había rechazado todas las oposiciones deducidas por terceros en los expedientes", explicó.
Y añadió que la importancia del desarrollo del turismo de intereses especiales, que la empresa entiende como pesca con mosca y rafting, corresponde en realidad a actividades enfocadas a personas de mayores recursos, lo que constituirá un interés particular o local y no nacional.
