Una dura crítica lanzó este viernes la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile (Anfuntch) contra el polémico dictamen que publicó ayer la Dirección del Trabajo (DT), en el cual la entidad sostuvo que las decisiones de la autoridad de implementar toques de queda y/o cuarentenas podrían considerarse como situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor, lo que implicaría que empleadores podrian no pagar remuneraciones ante la inasistencia de sus trabajadores.
Desde la asociación, que agrupa al 60% de los funcionarios, sostuvieron a través de un comunicado que si bien no suelen referirse a los pronunciamientos jurídicos del servicio, esta será una excepción.
Así, el documento señala que "no compartimos el dictamen, lo consideramos una torpeza y una equivocación".
Los funcionarios argumentan que el pronunciamiento "no da el ancho, no comunica con sencillez y claridad lo que era necesario informar públicamente".
A juicio de la agrupación, en el texto la DT "se excede en sus pretensiones de solucionar un problema que no está a nuestro alcance resolver –aunque sea optando por abrir espacio a la suspensión del empleo tratando de cerrarlo a la terminación del mismo- ocultando por ello la verdad y, lo peor aún, exponiendo a la Institución a una crítica feroz y descarnada que, en vez de acercarnos a nuestros usuarios/as trabajadores, produce el efecto contrario, de sembrar la distancia y el recelo con ellos".
Esto, agrega el escrito, ha significado que los funcionarios de la entidad "estén pagando con dureza, en el cara a cara cotidiano, en el frente de la línea de atención, más aún ante un mundo del trabajo y trabajadores/as cada vez más consternados por lo que ocurre".
Pese a todo, los funcionarios sostienen que no observan mala fe en el dictamen, sino que "solo debilidad", señalando que valoran el esfuerzo que ha hecho la directora nacional (s), Camila Jordán, para afrontar la continuidad operacional del servicio.
"Lo claro es que en este dictamen se evidenció con claridad su condición de autoridad subrogante, en particular pues desoyó lo que le pedimos como Anfuntch con claridad hace más de una semana, cuando vimos que esta crisis y este cuestionamiento se nos venía encima", dice el comunicado.
A juicio de los trabajadores del servicio, el dictamen evidenció que la actual normativa laboral vigente "no regula la continuidad la relación de trabajo ante un desastre social como el que esta pandemia provoca, con las medidas de protección sanitaria general definidas por acto de autoridad como las restricciones de desplazamiento o actividades ("cuarentenas globales", cierres o "cordones sanitarios", toques de queda, etc.) ni define qué partes de ella, trabajador y empleador, ambas inocentes, se hacen cargo de los costos de mantenerla en el tiempo pese a que hay una imposibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones recíprocas", explicaron.
Los funcionarios agregaron si bien entienden el pronunciamiento como bien intencionado en el sentido de "privilegiar la suspensión de la relación de trabajo en vez del despido (que es lo que en los hechos queda para muchísimas empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas en que ni siquiera hay sindicatos para regular pactos de adaptabilidad como ocurre en muchas de las más grandes)", no habría contemplado "la incomprensión y las obvias y justificadas críticas que ello causaría".
¿De quién es la culpa?
En el comunicado, los trabajadores de la DT recalcan que el país y la institucionalidad no se ha hecho cargo del tema. "Debimos aprender más del terremoto del año 2010, en que este mismo y grave problema se presentó y, no obstante, aún ni siquiera tenemos regulación legal de la suspensión del contrato, ni siquiera por acuerdo entre las partes (ello se ha tenido que abrir paso con la mera interpretación), menos aún de sus efectos y costos".
Así, los funcionarios plantean que esta problemática se solucionará sólo entendiendo que estas tragedias afectan al mundo del trabajo y a los trabajadores "como un nuevo riesgo y contingencia social que debemos cubrir como sociedad, con los recursos, ahorros y previsiones que estemos en condiciones de definir, para las prestaciones correspondientes, sin suponer que las empresas, en particular de menor tamaño y cuya tarea principal es también sobrevivir, puedan hacerlo con sus propios recursos, para seguir conservando los empleos. Por ejemplo, regulando la suspensión del empleo con cobertura de seguridad social ampliada más allá de la enfermedad, de origen laboral o común, cubriendo también los actos de autoridad sanitaria o de respuesta a catástrofes)", proponen.
Ya finalizando el comunicado, los funcionarios recalcan que la Dirección del Trabajo, y "más aún nosotros/as sus funcionarios/as, ajenos e inocentes de estas decisiones de nuestras autoridades que estamos obligados a cumplir, no somos responsables de ser solo el mensajero de esta cruda verdad. Nadie en la sociedad, menos aún nuestra Institucionalidad, que es la responsable de entregar prontas respuestas, debe tentarse a suponer que el problema se soluciona con la torpeza de matar al que debe, aun con limitaciones, solo trasmitir la verdad a la que está en conciencia obligado, u ocultándola debajo de la alfombra".
Por último, el comunicado agrega que observan con satisfacción que la Institucionalidad está reaccionando y avanzando "en un proyecto de ley en el Congreso Nacional para precisamente cubrir este vacío normativo y generar protección al empleo y a los trabajadores en el curso de esta emergencia sanitaria, que es lo que demandamos desde su inicio que debía hacerse, y debió quedar en claro en el dictamen".
