Con arraigo nacional quedó Aldo Motta, gerente general de las empresas investigadas en el marco del Caso Cascada, tras ser formalizado por entrega de información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Al ejecutivo se le acusa de la eventual falsificación de actas de los directorios de Oro Blanco y Pampa Calichera. En la ocasión también fue formalizada su abogada Claudia Morales, quien actuó como secretaria en dichos directorios.
Por tal delito, arriesgarían desde 541 días de presidio a cinco años.
La medida cautelar, solicitada por la Fiscalía de Alta Complejidad, se extenderá durante los tres meses que durará la investigación.
En septiembre pasado, la SVS lo multó con cerca de US$24 millones, tras aplicar una histórica sanción a ocho ejecutivos de las empresas y la corredora LarrainVial.
