Un intenso debate se desarrolló por tres horas en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados donde se analizó la situación generada por la detección de 437 mil trabajadores que habrían recibido el pago del bono clase media sin tener derecho al beneficio, quienes tienen plazo hasta el 30 de noviembre para restituir el monto o presentar los documentos que confirmen que son receptores de la ayuda financiera.
En el encuentro el presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII, Juan Apablaza, expuso ante los diputados y afirmó que "hay gente que le corresponde el beneficio, pero que decidió devolverlo por la amenaza del ministerio Público de seguir una persecución penal. A más del 40% de las revisiones que hemos hecho sí les corresponde el bono, pero se les acusó de ser perseguidos y por eso prefirieron devolverlo".
Planteó que advirtieron al SII de las deficiencias en la implementación del beneficio y que el problema no solo afecta a personas que solicitaron el bono desde el gobierno central, sino que también incluso "gente de las Fuerzas Armadas".
El presidente de la ANEF, José Pérez, solicitó que se aplicara "el principio de la buena fe para los trabajadores públicos". Dijo que no es partidario de un perdonazo, pero sí que se analice la situación caso a caso, porque "secretarias, conductores, gente de viabilidad y otros que tenían incorporado en su interpretación las horas extras en su ponderación y entendieron que habían perdido parte de su remuneración. Queremos buscar una solución, pero hay mucha angustia de funcionarios que hoy se sienten amenazados".
A su turno el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, valoró que no sean partidarios de un perdonazo y que la idea del Gobierno es poder recuperar la mayor cantidad de los US$256 millones involucrados. Planteó que "me llama la atención que no se hable de responsabilidad y probidad. Si se prueba que hubo casos que van más allá de la equivocación, se deben aplicar las sanciones".
Agregó que "fuimos muy cuidadosos en no prejuzgar, ofrecimos hacer el reintegro de los recursos, tenemos una responsabilidad por asegurarnos que el beneficio llegue a los que lo necesitaban" y reiteró que "en caso de que haya una información equivocada que deliberadamente haya sido planteada eso debe tener las sanciones que corresponden, pero es algo que debe investigarse sobre todo en el caso de los funcionarios públicos que tienen un doble deber de probidad".
El director del Servicio de Impuesto Internos, Fernando Barraza, manifestó que el plazo para que aclaren la situación los trabajadores involucrados es el 30 de noviembre "existe posibilidad que puedan demostrar que por situaciones no contempladas merecían el beneficio o reintegrar los recursos".
La presidenta de la comisión, diputada Gael Yeomans, pidió disculpas a los trabajadores por legislar sin prever los problemas que se han generado y señaló que si se necesita más allá del 30 de noviembre para analizar con tranquilidad caso a caso lo sucedido, el gobierno debe extender dicho plazo.
