La tercera es la vencida.
Luego de dos intentos previos que no llegaron a buen puerto, este martes en la mañana se realizaron finalmente los alegatos en la Corte de Apelaciones de San Miguel por la investigación de la colusión del papel confort, en su arista penal.
¿El motivo? Resolver una acción presentada por el Ministerio Público por una contienda de controversia debido a la entrega de antecedentes por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Hasta ahora, el fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames, ha tenido acceso a los antecedentes públicos de la investigación y la petición es tener acceso a todos los documentos. Petición que ha sido negada por la FNE y TDLC.
Los alegatos partieron con el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, quien expuso durante 20 minutos. Al salir de la Tercera Sala, Guzmán se refirió al tema.
"Todas esas reservas y confidencialidades que se han dispuesto han sido más bien dispuestas o a solicitud de partes o por el Fiscal Nacional Económico y después por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), pero son decisiones absolutamente revocables y no hay secretos legales, donde expresamente así se contemplan, como la Ley General de Bancos", aclaró el fiscal.
El fiscal regional metropolitano sur señaló que espera que la corte acoja su planteamiento y "nos permita de esta forma acceder a los antecentes que tanto el TDLC como la FNE no nos han permitido y no nos han hecho llegar. Y poder seguir así adelante con la investigación de un hecho que hasta este momento reviste caracteres de delito".
Un delito, precisó, que "por la extensión es bastante grave, toda vez que estamos hablando de alteración fraudulenta de precios de artículos de primera necesidad, que incide en disversos aspectos y afectan a todos los ciudadanos", agregó.
La investigación en su arista penal se ha visto obstaculizada, aseguró Guzmán. "A nuestro juicio se ha visto entorpecida categóricamente", afirmó el fiscal, quien explicó que la ley permite mantener bajo reserva de confidencialidad antencedentes que digan relación con fórmulas o estrategias comerciales "cuya divulgación pudiera afectar el desempeño comercial del titular en esas estrategias de negocios".
Agregó que la protección de esa reserva de confidencialidad dice relación con estrategias comerciales lícitas.
"Las actuaciones y estrategias comerciales ilícitas son aquellas que estamos investigando en cuanto se traduzcan en acciones determinas a alterar fraudulentamente los precios. Cuando se nos entrega una información que no nos permite conocer ningún antecedente, ves que todo está tarjado, incluso hasta el nombre del funcionario policial que realiza una diligencia, nadie podrá decir que el nombre del funcionario policial constituye una estrategia de negocios, por supuesto que eso obstaculiza una investigación penal".
Si bien está a la espera de la resolución, también están realizando aquellas diligencias que pueden con los escasos antecedentes que hoy tienen.
"Esperamos que la resolución nos sea favorable para poder contar con antecedentes que sin duda nos aportarán mayor información para la diligencia investigativa y determinar quiénes participaron en estos hechos, cual es el nivel de desarrollo, cuándo fueron los últimos hechos. Es importante tener presente que de acuerdo a cierta información que ha salido en la prensa, estos hechos podrían haber cesado hacia 2010 o 2011, y en ese contexto nos encontramos con situaciones que pudieran estar al borda de la prescripción", cerró Guzmán.
