Qué sucedió. La FNE solicitó, el jueves 3 de octubre, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aplicar multas por un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones. Se trata de la multa más alta solicitada en un caso de colusión en Chile. Además, pidió que los permisos de operación se revoquen y que solo se mantengan hasta que nuevos operadores adjudicados entren en funcionamiento.
- Respecto a los directivos requeridos, la FNE pidió el pago de 1.218 UTA (aproximadamente US$ 1 millón) en el caso del gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm; 941 UTA para el presidente del directorio de Dreams, Claudio Fischer (cerca de US$ 834 mil); 761 UTA (unos US$ 674 mil) para el gerente de administración y finanzas de Dreams, Claudio Tessada; y, 130 UTA (casi US$ 115 mil) para el presidente del directorio de Enjoy, Henry Comber.
- Fue la superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) la que realizó la denuncia luego de realizadas las audiencias públicas de presentación de ofertas técnicas y económicas de las licitaciones de casinos, efectuadas entre octubre de 2021 y enero de 2022, donde postularon 14 sociedades para ocupar 12 cupos disponibles a partir de julio de 2023. Solo en 2 de un total de 14 comunas, hubo más de 1 oferente.
- “Esta situación llamó la atención”, dice en una nota, la que “motivó la presentación de dicha denuncia, en cumplimiento de la obligación que tienen las instituciones públicas de denunciar no solo cualquier hecho que pudiera constituir una infracción grave en contra de la libre competencia, sino que incluso el delito de colusión”.
El día después. El grupo Dreams, una de las principales empresas involucradas en la acusación, fue de los primeros en reaccionar públicamente. A través de un comunicado, anunciaron que “hará valer todos sus medios de defensa” a su disposición para defenderse de las acusaciones presentadas por la FNE.
- Dreams negó tajantemente haber incurrido en prácticas anticompetitivas y resaltó que sus actuaciones en las licitaciones de permisos de operación de casinos se han ajustado a la ley y a las regulaciones del mercado.
- “Como compañía lamentamos vernos involucrados en este proceso al operar siempre con estrictos estándares éticos y modelos de prevención, y desde ya rechazamos toda mala praxis que contravenga los lineamientos del directorio, el cual siempre ha mandatado competir en las licitaciones y actuar ajustados al marco legal en todos sus procesos”, señala la compañía controlada por la familia Fischer.
- Las empresas ya preparan su defensa jurídica. El estudio de abogados Pellegrini y Rencoret son los encargados de la defensa de Dreams; los abogados de Claro & Cía asesoran a Enjoy; y el abogado Javier Velozo, exmiembro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), defiende a Marina del Sol, empresa que se acogió a la delación compensada.
El gobierno se pronuncia. El ministro de Economía, Nicolás Grau, advirtió que la colusión es una de las prácticas más graves que se pueden cometer en una economía de mercado, ya que afecta directamente la confianza en las instituciones y la competencia. Grau subrayó que el gobierno apoya plenamente las acciones de la FNE y que no habrá espacio para la impunidad en este tipo de casos.
- El ministro agregó que la colusión en el sector de los casinos no solo afecta la libre competencia, sino que también impacta a las comunidades locales que dependen de los ingresos generados por estos establecimientos.
- Los casinos, que son un actor importante en el financiamiento de proyectos locales y regionales, pueden generar un daño significativo si las licitaciones no se realizan de manera transparente.
- De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Casinos, en total, las empresas de juegos autorizados en Chile aportaron $16.037 millones en impuestos en junio de 2024, cifra que incluye aportes directos a los municipios y gobiernos regionales.
Sector empresarial. Tanto la Confederación de la Producción y del Comercio como la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) expresaron su preocupación por el nuevo caso de colusión en Chile.
- El presidente de la (CPC) Ricardo Mewes, en entrevista con Cooperativa, expresó su preocupación por el caso. “Nos preocupa mucho porque hace algún tiempo que hemos planteado nosotros todo lo que sea corrupción y todas estas situaciones que se producen que evidentemente hay que investigarlas, hay que llegar profundamente a revisarlas”.
- Más tarde, la CPC envió una nota en la que señaló que “una presunta colusión de tres empresas para afectar el resultado de las licitaciones de casinos, da cuenta de un hecho gravísimo que condenamos enérgicamente”.
- Señalan que situaciones como ésta “constituyen un abuso que daña profundamente la confianza y la fe pública, afecta la transparencia en los mercados y la actividad empresarial, perjudicando el adecuado funcionamiento de la economía, el emprendimiento y las inversiones”.
- La Sofofa condenó y rechazó “enérgicamente cualquier conducta que afecte la libre competencia y la buena fe que deben primar en cualquier actividad económica”.
- Agregó que “estos comportamientos de ser ciertos, según lo determine el procedimiento judicial en curso, nos parecen gravísimos y activarán todos los mecanismos pertinentes del Gremio pues, además de obviamente distorsionar la libre competencia”.
Impacto bursátil. Enjoy enfrenta una tormenta en la Bolsa. La noticia afectó directamente a la confianza de los inversionistas, lo que provocó un desplome en sus acciones, registrando una caída del 10,22% en la Bolsa de Comercio de Santiago, el peor desempeño de la jornada.
Lo que viene. La acusación de la FNE marca el inicio de un largo proceso judicial que definirá el futuro de Dreams, Enjoy y Marina del Sol. Las tres empresas están preparándose para una batalla legal que podría durar años, mientras que las autoridades gubernamentales y los gobiernos locales esperan con cautela las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
- La investigación de la FNE ha generado dudas sobre la transparencia en los procesos de licitación de casinos en Chile. Si el TDLC falla en contra de las empresas, las sanciones podrían incluir no solo las multas millonarias, sino también la revocación de los permisos de operación, abriendo la puerta a nuevos actores en el mercado.
