La compleja relación entre los partidos políticos de la Nueva Mayoría con el gobierno está afectando la tramitación legislativa del proyecto de reajuste salarial para los trabajadores del sector público, pese a que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, tenía negociada con anticipación su aprobación exprés.
De hecho, tras el ingreso el pasado martes de la iniciativa que considera un alza de 3,2%, el ministro anunció públicamente en el Congreso que en una reunión con parlamentarios oficialistas había llegado a un acuerdo para incorporar además un bono de término de conflicto de $100 mil para los trabajadores que ganan hasta $550 mil líquidos y de $73.500 para los que reciben hasta $710 mil.
Este compromiso comenzó a ser fraguado durante la tradicional reunión almuerzo de los lunes entre el ministro Valdés y los legisladores de la Nueva Mayoría en Teatinos 120. Esto incluía la tramitación en paralelo del proyecto que busca fortalecer el pilar solidario de pensiones. Pero a esa altura, lo que parecía un triunfo político del titular de Hacienda, no era tal. A las pocas horas, la DC anunció que congelaba su participación en el comité político de La Moneda.
Esta crisis interna, pese al optimismo que irradiaba a primera hora del martes, obligaba a reconocer a Valdés que la discusión de ambos proyectos en el Congreso sería "un tanto más difícil" sin el apoyo falangista.
Y este vaticinio se cumplió. Durante la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara esa misma jornada, diputados del bloque oficialista solicitaron un reajuste mayor para los trabajadores fiscales, principalmente los de menores ingresos, a cuenta de congelar los salarios de los empleados fiscales que reciben más de $3 millones mensuales, pero Valdés no accedió a la petición.
Por esta razón, ayer en la mañana dicha instancia aprobó solo la idea de legislar el proyecto, pero rechazó el reajuste propuesto por el gobierno, el congelamiento salarial sobre los $6 millones y los bonos de término de conflicto. Posteriormente en la Sala de la Cámara de Diputados esta decisión fue ratificada, culminando su primer trámite.
En la tarde correspondió la revisión del proyecto en la Comisión de Hacienda del Senado, donde el Ejecutivo repuso las normas rechazadas y también presentó indicaciones, logrando la aprobación de un alza general de remuneraciones de 3,2% y de 6% para quienes reciben los salarios más bajos; además del congelamiento para rentas sobre $4,8 millones líquidos (en lugar de los $6 millones iniciales), lo que liberaba recursos que permiten ampliar en aproximadamente 24 mil personas el universo de quienes reciben los bonos pagaderos en diciembre de 2016: uno de $100 mil para los trabajadores cuya remuneración líquida sea inferior a $550 mil y de $73.500 para quienes reciban rentas entre $550 mil y $770 mil.
Esta propuesta obtuvo además a última hora de ayer miércoles el visto bueno en la Sala del Senado por 12 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones, por lo que el proyecto fue despachado a la Cámara de Diputados para su discusión este jueves en tercer trámite. En caso que en dicha instancia sea nuevamente rechazado, las diferencias deberán ser zanjadas en una comisión mixta. Panorama no es muy alentador considerando las expectativas iniciales de Hacienda.
A esto se suma que hoy a primera hora comenzará la tramitación del proyecto que busca reajustar en 10% las pensiones básicas solidarias y el aporte estatal solidario a partir de enero de 2017 en la Comisión de Hacienda. Para discutir esta iniciativa, que fue calificada con urgencia de discusión inmediata, fueron convocados el propio Valdés y la ministra del Trabajo, Ximena Rincón. Y así como están las cosas, su análisis podría ser tanto o más complejo.
