Ya ha pasado más de un año desde que el Ministerio de Agricultura, mediante una circular, instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de endurecer los criterios para autorizar subdivisiones de predios rurales, particularmente en los casos donde se sospechase que esta tendría como fin un proyecto inmobiliario.
Pero en noviembre, tras una demanda de la asociación de parceleros Chile Rural que acusaba que la cartera liderada por Esteban Valenzuela estaba excediéndose de sus atribuciones, el 7° Juzgado Civil de Santiago suspendió temporalmente el instructivo.
Agricultura apeló a la Corte de Apelaciones y recién ahora la justicia dio su veredicto: la circular vuelve a estar vigente.
"El mérito de los antecedentes no da cuenta de la concurrencia, en el caso en examen, de motivos graves y calificados que justifiquen la concesión de la medida de suspensión", dijo la Decimotercera Sala de la Corte.
La resolución agregó que "no existen elementos de juicio que demuestren que las autoridades que suscriben los actos de que se trata hayan excedido las competencias que les son propias, sin que los instrumentos acompañados -en esa instancia- por la demandante alteren lo concluido precedentemente".
Este es el segundo fallo que favorece al gobierno en el tema parcelaciones. Previamente, la Corte Suprema había ratificado la validez del instructivo frente a un recurso de protección presentado por otro grupo de empresas agrupado bajo el paraguas de Inmobiliarias de Predios Rurales (IPRA).
El ministro Valenzuela, tras la resolución, agradeció la labor del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y recalcó que hay dos fallos "muy categóricos dándonos la razón de que la subdivisión agrícola no pueden ser loteos disfrazados de parcelaciones rurales".
