Como un “acuerdo de caballeros”, pacto de “no agresión” o un estado de “paz y amor” lo definieron los propios integrantes del cartel que denunció la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (FNE).
Se trata de Indura y Linde, dos compañías que detentan alrededor del 77% del mercado nacional de gases industriales, medicinales y especiales (oxígeno, nitrógeno, argón e hidrógeno, entre otros), que habrían llegado a un acuerdo -al menos entre noviembre de 2019 y enero de 2021- para que cada una de ellas mantuviera los clientes que ya abastecía, con el compromiso de no disputarle los clientes a su competidora.
A través de ese pacto, acusó la Fiscalía, se buscaba aumentar los precios cobrados a los clientes, en línea con una política de rentabilización que ambas empresas perseguían.
El requerimiento de la FNE se dirige en contra de Indura y quien era su gerente general en ese periodo, Marcelo Torres; y también en contra de Linde, su exgerente general, Sergio Novelli, y otro ejecutivo de esa firma que se encargaba de controlar al equipo de ventas, David Lori.
El ente fiscalizador comenzó con su investigación en julio de 2019 y, durante ese proceso -que siguió adelante con el inicio de la pandemia-, se interceptaron comunicaciones y se accedió a los registros telefónicos de los implicados, lo que terminó con un allanamiento a los domicilios particulares de los ejecutivos el 26 de enero de 2021, desbaratando al cartel en pleno funcionamiento.
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Tras esto, Linde y sus gerentes se acogieron al programa de delación compensada para aportar antecedentes, por lo que se solicitó que estos queden exentos de responsabilidad penal y multas, aunque sí podrían ser demandados por los afectados que quieran pedir una indemnización de perjuicios.
Para Indura, la FNE pidió una multa de 37.860 UTA (unos US$ 31,3 millones, la segunda multa más alta que la Fiscalía ha pedido después de Brink’s en el caso del cartel de transporte de valores), y de 139 UTA (US$ 114.392) para Torres, su exCEO.
A industrias y hospitales
Según la investigación de la Fiscalía, el origen del acuerdo se remonta a noviembre de 2019. Al día siguiente de asumir como gerente general, Torres se contactó con Novelli para agendar una reunión, que tuvo lugar en el café Tavelli de Avenida Las Condes.
Ambos ejecutivos se conocían tras haber trabajado en la misma industria en Colombia y habían coincidido en el gremio del sector en ese país. En esa reunión, dijo la FNE, “manifestaron su intención común de conducir las negociaciones con sus clientes hacia la aplicación de alza de precios”.
Así, nació el acuerdo que tuvo un alcance general a toda la industria, ya sea para los clientes que se abastecen comprando cilindros a granel como a los que dependen de plantas situadas cerca de sus faenas (on site). Por ello, entre los afectados estuvo tanto el sector industrial, que incluye firmas mineras, forestales, acuícolas, alimentarias, laboratorios y refinerías, entre otros, y concentra más del 80% de las ventas; como el medicinal, del que forman parte clínicas, hospitales y centros de salud para entregar a los pacientes algunas prestaciones médicas.
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Si bien en cuanto a este último sector se trata de menores montos, la FNE sostuvo que “reviste una especial gravedad”, puesto que la colusión habría afectado al sistema hospitalario chileno y, más aún, “al considerar que la infracción fue contemporánea a la pandemia de Covid-19 que afectó a Chile a partir de comienzos del año 2020, en donde el oxígeno medicinal jugó un rol clave en el tratamiento de dicha enfermedad y fue un insumo de primera necesidad para el correcto funcionamiento del sistema sanitario del país”.
En todo el mercado
El requerimiento de la Fiscalía explica que ciertas condiciones del mercado de gases facilitaron el cumplimiento del acuerdo: los otros dos actores, Messer y Air Liquide, no tenían el tamaño suficiente para ejercer una presión competitiva determinante; y, además, todas las empresas conocen abierta cuál abastece a cada cliente. Tanto Indura como Linde son las filiales locales de multinacionales: la primera, de una norteamericana, y la segunda, de una irlandesa.
“Al reconocer que un cliente o contrato era de su contraparte, bastaba con que la empresa se abstuviera de competir, ofertara precios artificialmente altos o retirara su oferta en caso de que el cliente decidiera aceptarla”, expone el escrito presentado a tribunales.
De esa manera lo admitió David Lori en su declaración a la FNE: “Si nosotros íbamos a aumentar los precios era siempre con…con un poco de tranquilidad de que Indura no iba a hacer nada”.
De hecho, en su requerimiento, la Fiscalía relató una serie de casos, que van desde los hospitales Félix Bulnes y de Quellón, hasta Vidrios Lirquén, el laboratorio SGS y la minera ligada al Grupo Luksic, Antofagasta Minerals, donde alguna de las empresas echó marcha atrás, pues había conseguido un cliente que le correspondía a su competidor.
En interceptaciones telefónicas, los ejecutivos señalaban que la otra empresa había hecho ”lo que tenía que hacer (...) nosotros también tenemos que responder (de) la misma forma”.
El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, declaró: “Hace casi 20 años la FNE acusó un cartel en este mismo mercado, pero las empresas fueron absueltas porque no había prueba directa del acuerdo. Luego, se nos facultó para interceptar comunicaciones, acceder a registros telefónicos, realizar allanamientos e incautaciones y administrar el programa de delación compensada. Y hoy la FNE puede afirmar con satisfacción que desbarató un cartel en pleno funcionamiento, utilizando todas y cada una de las herramientas que le confió el legislador”.
