La polémica en torno a los medidores inteligentes lleva ocho semanas como uno de los temas más relevantes para la opinión pública e influyendo directamente en la evaluación que se tiene del gobierno.
Esto, en un marco donde se han desplegado una serie de medidas para intentar superar la crisis y que en los próximos días vivirá un nuevo capítulo, después que el Ministerio de Energía iniciara conversaciones con las principales empresas para que devuelvan los cobros que se han realizado producto del cambio de tecnología.
Una encuesta realizada por Cadem, donde a solicitud de Diario Financiero se analizó en profundidad el tema, reveló lo que está pensando la opinión pública del tema.
La medición arrojó que, aunque la empresa distribuidora pague $ 10 mil como incentivo para cambiar el antiguo medidor, el 86% de los encuestados no haría el recambio.
Según comenta el gerente de Asuntos Públicos de Cadem, Roberto Izikson, esta postura estaría relacionada con el beneficio e impacto que aprecian los consultados frente a los medidores inteligentes. El 85% plantea que los nuevos aparatos benefician principalmente a las empresas eléctricas y, además, el 89% cree que los aparatos no permitirán bajar las cuentas de luz, ni mejorar el servicio.
"Lo que ha quedado instalado y lo que ni el gobierno ni las empresas distribuidoras han logrado explicar es que esto en el fondo es algo que beneficia a los consumidores. Un 85% cree que esto va a beneficiar principalmente a las empresas eléctricas y un 89% cree que no va a permitir bajar costos y que las empresas han tenido un mejor servicio. Es decir, no han logrado explicar de qué se trata", señala.
Una medida que tiene alto respaldo en la ciudadanía es que el cambio sea voluntario: 86% está de acuerdo.
Al ser consultado por si las medidas adoptadas por las autoridades han tenido algún tipo de impacto, Izikson asegura que "hasta ahora no han tenido ningún efecto". Agrega que "puede haber sido incluso un error haber vuelto a poner este tema en el debate".
"Podría haber sido una opción haber asumido ya el costo político y dejar el debate atrás, pero finalmente las medidas planteadas por el gobierno lo que hicieron fue volver a revivir este tema. Las medidas finalmente no están siendo percibidas de forma positiva por la opinión pública, la que ya se formó una opinión bastante decidida sobre lo que piensa con respecto a este tema y sería mejor para el gobierno dar el tema por cerrado", explica el experto.
El impacto de la polémica
La evaluación de las personas sobre el manejo de este tema también es crítica. La medición muestra que el 84% de los encuestados desaprueba la forma como el gobierno ha manejado el tema y solo el 14% lo aprueba, lo que ha impactado la aprobación presidencial y también ministerial. Entre febrero y abril, la aprobación del Presidente Sebastián Piñera cayó desde 42% a 35%.
"El caso medidores impactó de forma relevante a la imagen del gobierno", reconoce Izikson, quien agrega que la pérdida de aprobación presidencial en este período no solo está explicada por este tema, sino que se suma a un clima influido por la frustración de las expectativas económicas y marzo que fue un mes que en sí es complejo para la economía familiar.
La encuesta mostró que el caso aumentó el conocimiento de la ministra de Energía, Susana Jiménez, hasta 52% en abril, pero bajó su aprobación a 39%.
La misma tendencia se registró a la hora de aprobar la gestión del desarrollo energético del país, que cayó desde un 51% en febrero a un 37% en abril.
