En Hacienda lo habían repetido varias veces. Que si la pandemia se alargaba y se requerían nuevos planes de ayuda, los recursos no iban a faltar. Pero se requeria cautela, porque la pandemia podía ser para largo. O permanecer por un periodo que nadie si quiera sospechaba. Por lo mismo, el propio ministro Ignacio Briones, y el director de Presupuesto, Matías Acevedo, quienes durante esta crisis han actuado con total sintonía, plantearon que era necesario ser flexible, un concepto que propagaron al interior del oficialismo.
Con cifras de contagios en su nivel más alto, un número de fallecidos en creciente aumento, y la sorpresiva salida del ministro Jaime Mañalich como antecedente más inmediato, el día sábado era clave para sellar el acuerdo político para impulsar un plan de emergencia para enfrentar la crisis. A esas alturas, ya quedaba de manifiesto que una gran parte de la población, por razones varias pero sobre todo por subsistencia, estaba saliendo a la calle, incluso con cuarentenas. Así, la oposición presionó aún más durante esa jornada sobre la necesidad de aumentar el Ingreso Familiar de Emergencia, que el gobierno había subido de $ 65 mil por persona a $75 mil, el mismo monto que había propuesto el grupo de los economistas, entre los que se encontraban el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, Andrea Repetto, y el ex cabeza del Banco Central, José de Gregorio. Una cifra establecida estratégicamente por Hacienda, que servía de piso para una negociación que ya se vislumbraba sin tregua.
Ese mismo día sábado, en la tarde, el Ejecutivo se allanó a ofrecer $90 mil, el número que puso sobre la mesa el grupo de 16 economistas llamado por Briones para asesorar con insumos al mundo político para encontrar un acuerdo.
Pero el monto mantenía a la oposición todavía muy lejana. Por eso, en algún momento de la tarde se consensuó que el monto iba a ser el último ítem a tratar en el nuevo plan. Y por eso fue que recién pasada la medianoche entraron de lleno en ese plano.
“Era el todo o nada”, dice una fuente de Palacio, quien asegura que la oposición planteó los $100 mil como condición esencial para sellar un entendimiento, algo a lo que se resistían los más duros de derecha, que habían solicitado cautela en el manejo de los recursos públicos. Entre ellos la UDI, que según un testigo de las conversaciones, no cedió hasta último minuto.
El dilema entonces era acercarse a los 100 mil o descartar un arreglo, lo que finalmente se destrabó con las venias de los senadores José García (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI), los únicos dos parlamentarios oficialistas sentados en la mesa de negociación, y que plantearon la necesidad de moverse, aun cuando eso se leyera “como una derrota”.
La oposición dicen desde el gobierno había cedido en materias que jamás había estado disponible para dar su brazo a torcer: como la depreciación instantánea del 100%, algo resistido en la discusión tributaria. Luego consensuaron el arreglo con el comité político, donde todos –algunos más reacios que otros- decidieron cuadrarse al nuevo ofrecimiento: los $100 mil, que según Hacienda beneficiarían a 2.1 millones de familias, 5 millones de personas.
El llamado final fue al presidente Piñera, a quienes le comentaron el acuerdo, lo que habían tenido que ceder, y las ganancias logradas. Una conversación donde también se planteó la duda de cómo se negociará con la oposición cuando ya no estén en el Congreso figuras como Jorge Pizarro, Ricardo Lagos Weber o Carlos Montes. Todo esto, con el contexto de la sorpresiva salida de Giorgio Jackson (RD) de la mesa de negociación horas antes de que se sellara el acuerdo.
