La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) abordó su fallido intento de recurrir al Tribunal Constitucional por la ley que endurece las penas contra quienes cometan delitos económicos, insistiendo en que la normativa "vulnera derechos fundamentales".
A través de una declaración pública, desde la CPC indicaron que "condenamos tajantemente todo tipo de abuso, colusión, fraude, enriquecimiento ilícito, cohecho o cualquier mala práctica empresarial, porque afecta directamente a las personas, a la confianza y la fe pública".
"Cada uno de estos delitos debe ser sancionado de acuerdo a la legislación, garantizando los principios de certeza jurídica, el debido proceso y la igualdad ante la ley", complementaron.
"El 10 de julio pasado, presentamos al Tribunal Constitucional un 'Téngase Presente', porque si bien compartimos el objetivo del proyecto de ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, consideramos que no cumple del todo con estos principios, pues vulnera derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley y el debido proceso. Por ello, creemos que requiere de una revisión en algunas materias", dijeron.
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A la vez, desde la CPC sostuvieron que "cuando se pasan a llevar principios y derechos, nos parece absolutamente legítimo y necesario usar la institucionalidad y las herramientas que nos entregan la Constitución y las leyes, para defenderlos y presentar nuestros puntos de vista".
"Esperamos que luego de que se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional y se promulgue la ley, se abra la posibilidad de una discusión técnica, que permita mejorar aquellos aspectos que, de acuerdo a análisis jurídicos, pueden perjudicar la actividad económica, como son la creación de un sistema penal paralelo, la ambigüedad en la definición de nuevas figuras delictivas, la desproporción entre las penas asociadas a delitos económicos y el resto de los ilícitos, entre otros", añadieron.
"En la CPC nos parece fundamental contar con una legislación adecuada que penalice los delitos económicos y contra el medio ambiente. Se debe sancionar a los que abusan y, a la vez, garantizar certeza jurídica e igualdad ante la ley. Necesitamos una legislación efectiva y que no se preste para ninguna ambigüedad ni discriminación", cerraron.
Gobierno aborda decisión de la CPC: "Solo les implicó costos reputacionales"
El ministro de Justicia, Luis Cordero, manifestó que "esta es la reforma más importante al Código Penal desde que se dictó, con una asesoría especializada de primer nivel, fueron escuchados todos los interesados, las agencias públicas, el sector privado"
"A mí me parece que esta es una decisión que le corresponde evaluar tanto a la CPC como a la Sofofa, que su presentación sólo implicó costos reputaciones para ellos", agregó.
Adicionalmente, dijo que "el principal costo lo ha asumido el sector privado, y yo lo lamento, porque me parece que en proyectos de esta envergadura, principalmente pensados para impedir que se utilicen conductas ilícitas, para aceptar la competencia en el mercado, me parecía que el sector privado tenía buenas razones para promover una legislación mucho más estricta para quienes infringen la ley, y por esa vía, infringen las reglas elementales de participación en un mercado".
