Este lunes el gobierno se abrió a la posibilidad de impulsar una reforma constitucional que permita hacerse cargo de los efectos del fallo del Tribunal Constitucional sobre la reforma laboral.
En abril pasado el TC dictó la sentencia definitiva al declarar como inconstitucional la titularidad sindical de la negociación colectiva, por ser ésta "un derecho de los trabajadores, estimándose que la norma establecía una vulneración a las normas constitucionales sobre la igualdad ante la ley, la libertad de asociación y libertad sindical".
Sobre este tema se refirió hoy el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, quien criticó la eventual reforma constitucional para reponer la titularidad sindical.
A través de un comunicado, la CPC señaló que "el Gobierno ha planteado al país una reforma constitucional de aquí a dos años plazo, que estaría enmarcada en un proceso de participación ciudadana, pero no ha entregado los contenidos argumentando que ellos debieran surgir de este procedimiento por ellos promovido".
"No obstante lo anterior, llama la atención que hoy anuncie una eventual reforma constitucional interpretativa sobre un tema puntual que fue resuelto por el Tribunal Constitucional, adelantando así, un capítulo de esta reforma", añade.
El fallo del Tribunal Constitucional explica que se declaró inconstitucional "por estimar que se vulneran las normas constitucionales sobre libertad sindical, libertad de trabajo y sobre el derecho a desarrollar actividades económicas".
Al respecto, la CPC se muestra preocupada que se plantee una reforma constitucional a partir de una política pública específica, "como es la reforma laboral, en consideración que cualquier cambio a la Constitución debiera ser fruto de amplios consensos en torno a principios que den un marco de estabilidad y progreso a la sociedad", explican.
De esta manera, dicen, "se abre una nueva incertidumbre que viene a sumarse a las dudas que han imperado en el último tiempo y que han perjudicado la inversión y el crecimiento económico, con los negativos efectos que ello tiene en el empleo y el bienestar de las personas".
La declaración de la CPC finalizó apelando a la compleja situación económica que atraviesa el país, "donde las bajas cifras de inversión y actividad económicas conocidas hoy se suman a las bajas en las proyecciones de distintos organismos internacionales, esperamos que prime la responsabilidad y el respeto a las instituciones, de manera que se terminen por despejar las incertidumbres y se recupere la confianza, requisitos indispensables para volver a crecer en forma alta y sostenida".
