La filial en Chile de la firma española Aluman, encargada de construir la fachada de la ampliación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, solicitó su liquidación voluntaria. La compañía apuntó a discrepancias con su mandante, a lo que sumó la pandemia. "Ha implicado numerosos costes que no pudieron ser previstos", dijo.
La petición de quiebra fue presentada a la justicia por los abogados de la empresa Aluman Chile SpA, del estudio DS. "Al día de hoy, finalmente, la empresa está en total cesación de pagos sin capacidad de poder hacer frente a sus obligaciones", afirmó.
Según se detalló, la sociedad fue constituida en el país en mayo de 2019. "Grupo Aluman ha sido contratado para ejecutar la envolvente de unos 40 mil metros cuadrados de fachadas con alta resistencia a movimientos sísmicos, por su locación en zona de riesgo de terremotos", explicó el conglomerado, con sede en La Coruña, España, en su Memoria 2019. En el mismo documento, la firma detalló que ha llevado a cabo obras y proyectos en más de 50 países.
"Cierre ordenado"
En su solicitud, la empresa detalló que suscribió un contrato con Astaldi Sucursal Chile, Vinci Construction Grands Projets Agencia en Chile y VCGP-Astaldi Ingeniería y Construcción Limitada (CJV), por 18,9 millones de euros (US$ 21,9 millones), para el revestimiento de la fachada del terminal de Santiago. Luego se sumó un segundo acuerdo por otros2 millones de euros para el suministro e instalación de barandas y tabiques vidriados en varios de los nuevos espigones del aeropuerto.
"Ambos contratos fueron modificados y aumentados en su plazo y duración de mutuo acuerdo entre las partes; sin embargo, desde 2020 existen obras sin reconocimiento y/o acuerdo entre las partes que afectan directa y únicamente a Aluman", dijo la empresa.
Y añadió: "Desde 2019, diversas modificaciones de contrato se presentaron y plasmaron mediante documento contractual denominado INC's (incidencias técnicas) que significaba determinadas modificaciones de las obras, lo que se traducía para Aluman en el cambio de los procedimientos de ingeniería, fabricación, entrega y montaje de obras adicionales, cuyo precio no ha sido reconocido por CJV".
La firma dijo que "hubo largas negociaciones" entre sus representantes y los de CJV durante varios meses. Aseguró que el contratista solo reconocía, en ocasiones, cierto incremento de plazos de obra, pero no el precio de las obras adicionales ejecutadas, las que exigía ejecutar a Aluman. "En concreto, la empresa deudora realizaba un gasto, pero éste tardaba meses –en ocasiones nunca- en materializarse en un ingreso de ventas debido a las negociaciones con CJV sobre su reconocimiento", detalló. Añadió que las modificaciones planteadas fuera de plazo y que no fueron reconocidas en su momento, dañaron de forma "devastadora" los retornos esperados del proyecto y la solvencia de la empresa. "Aluman mantuvo numerosas reuniones con CJV tratando de llegar a un acuerdo entre las partes, lo cual tuvo como resultado final la última Adenda al contrato", detalló.
Luego, se apuntó a los efectos que tuvo la pandemia. "Para evitar un impacto negativo en el plazo de ejecución de la obra, la empresa deudora ha debido soportar también el sobrecosto de hacer varios envíos aéreos urgentes de material, en lugar de los envíos marítimos inicialmente previstos, ante las constantes amenazas de multa por parte de su mandante", dijo.
Consultado el grupo Aluman en España por la situación de su filial en Chile, respondió su responsable de Marketing, Marta González García. "La labor se volvió muy compleja, debido especialmente al Covid-19 y así lo hemos hecho saber, tanto a nuestro cliente, CJV, como al MOP con sendas reclamaciones por las restricciones para trabajar que hemos tenido que sufrir en la ejecución del contrato y que no estaban previstas ni en el momento de la negociación ni en el momento de la firma", dijo. "A pesar de esto se ha continuado trabajando y hoy tenemos los trabajos finalizados al 99,8% y hemos pagado a todos los trabajadores", añadió.
La ejecutiva dijo que la liquidación se solicitó "con el preciso objeto de, a través de una continuidad de giro que será solicitada, poder terminar de manera ordenada, oportuna y eficiente nuestro trabajo en el aeropuerto y especialmente nuestras obligaciones con los trabajadores".
Nuevo Pudahuel se adjudicó en 2015 la concesión para ampliar el aeropuerto de Santiago: un contrato a 20 años por US$ 900 millones.
En agosto, los controladores del concesionario, los franceses Aéroports de París y Vinci Airports, demandaron al Estado de Chile ante el Ciadi. Reclaman que sufrieron pérdidas como consecuencia de las medidas adoptadas por la pandemia.
La sociedad también recurrió al panel de concesiones para pedir compensación de US$ 34 millones al Ministerio de Obras Públicas. Acusó sobrecostos en el desarrollo de la obra. Consultada la sociedad por la situación de Aluman, no hubo respuesta.
