A casi cuatro meses de ser despachado desde la Cámara de Diputados, este martes la comisión de Minería y Energía del Senado aprobó la idea de legislar el polémico proyecto de royalty minero por tres votos a favor y dos en contra, logrando un pase a la Sala de la Cámara Alta donde deberá ser votado el articulado en las próximas semanas.
En la cita, la presidenta de la instancia, Yasna Provoste, valoró que esta fue una conversación "respetuosa" de todas las perspectivas y que ha señalado cada complejidad. "Esperamos que la Sala también ratifique este voto mayoritario de la comisión de Minería y que hagamos una discusión tan seria como también reconocemos la seriedad de cada uno de los que han participado con sus intervenciones en esta instancia", dijo tras manifestar su voto a favor del proyecto.
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Mientras, en la votación, el senador Alejandro García Huidobro, reiteró su oposición al proyecto, insistiendo en que la iniciativa es "absolutamente inconstitucional". En esa línea, dijo que después de la votación en general le gustaría que el Ejecutivo pudiera ser una "propuesta concreta porque tanto las empresas como quienes han expuesto han dicho claramente que debe existir un mayor esfuerzo respecto a recaudación para que el país tenga mejor desarrollo".
Previo a la votación, se escucharon los comentarios de algunos actores como CESCO y el CRU.
Frente al avance del proyecto, a través de un comunicado, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, consideró esperable que la idea de legislar del articulado haya sido aprobada en la comisión de Minería y Energía del Senado.
También manifestó su esperanza que con la información con que cuentan hoy los senadores haya un análisis objetivo del articulado de la iniciativa. "Esperamos que por el bien del país y su minería se tomen decisiones que privilegien el interés nacional", aseguró.
El dirigente valoró que, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, "se ha dado la oportunidad a distintas organizaciones y personas de opinar acerca de este proyecto de ley".
Y, además, reiteró su preocupación de no restar competitividad al sector y así limitar significativamente la inversión minera. En esa línea, insistió en que las tasas aprobadas por la Cámara de Diputados "son exageradamente altas, aun suponiendo que se derogue el IEM vigente, en la práctica haría que la minería privada no sea posible".
