La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por un nuevo caso de colusión, esta vez en contra de las tres principales empresas de transporte de valores que operan en el país y contra seis de sus principales ejecutivos. Se trata de Brinks, Prosegur y Loomis.
El documento acusa a los responsables de las compañías de haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018, por lo que la FNE pide que se sancione con 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA) a las empresas responsables, equivalentes a aproximadamente US$ 63,4 millones.
Las mayores multas fueron solicitadas para la empresa Brink’s Chile S.A. (Brink’s), por un monto correspondientes a US$ 30,5 millones, y para Juncadella Prosegur Group Andina S.A. (Prosegur), por US$ 25,8 millones.
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En ambos casos se trata de las multas individuales más altas que haya pedido la FNE en casos de colusión en nuestro país.
También está involucrada la empresa Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores SpA (Loomis), para la que el ente persecutor solicitó una sanción económica de $ 6,4 millones.
En el caso de los ejecutivos, el requerimiento pide sancionar a los gerentes generales de las tres empresas de transportes de valores en Chile: Alberto Bálsamo Barreiro (Brink’s), con 149 UTA (US$ 115 mil); Marco Malverde Muñoz (Prosegur), con 134 UTA (US$ 104 mil); y Cristián Catalán Jerez (Loomis), con 114 UTA (US$ 88 mil).
Asimismo, y pese a encontrarse radicados en el exterior, la acusación también se dirige contra los jefes regionales que tenían a su cargo Chile y otros países de Latinoamérica: Martín Matos Pardo, Director General Latam Sur de Prosegur, para quien se pidió una sanción económica de 174 UTA (US$ 135 mil) y Rui Sanches Da Silva, Cluster President Portugal y Latam de Loomis, con un monto de 122 UTA (US$ 94 mil).
La FNE también solicitó al TDLC iniciar un proceso de exhorto para notificar el requerimiento a estos dos últimos ejecutivos, que residen en Uruguay y en Portugal, así como a Marco Malverde, quien fue trasladado por Prosegur y reside en Indonesia desde julio de este año.
“Este requerimiento reafirma el compromiso de la FNE de perseguir a las personas naturales que participan en actos de colusión, estén donde estén, porque los carteles golpean la confianza de la ciudadanía y por eso seguirá siendo prioritario para nosotros detectarlos, investigarlos y lograr sanciones disuasorias utilizando todas las herramientas que nos entrega la ley”, dijo el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.
Adicionalmente, la FNE pidió al TDLC que exima de multa a la persona natural que reveló la existencia del cartel en el marco del programa de delación compensada y que se declare expresamente que se encuentra exenta de responsabilidad penal por los hechos que son objeto de la acusación.
“Este cartel se desarrolló luego de la entrada en vigencia de la última modificación de la ley de competencia y eso nos ha permitido solicitar las multas individuales más altas que hasta ahora haya conocido nuestro sistema de libre competencia, dando el primer paso que exige la ley para una eventual persecución penal del mismo”, explicó el fiscal.
De acuerdo a la FNE, el inicio del acuerdo entre las empresas se remontaría, al menos, a marzo del 2017, momento en que los ejecutivos de Brinks y Prosegur ya habrían estado coordinando los precios de sus servicios de transporte de valores, atención de cajeros automáticos o ATM, tesorería, y pago de remuneraciones y/o prestaciones sociales. A este acuerdo se habría plegado Loomis en diciembre del mismo año.
En el marco de sucesivas reuniones y contactos, que incluyeron viajes a Chile de los ejecutivos extranjeros para reunirse con competidores, así como intercambio de planillas Excel con registros de precios y negociaciones de tarifas, las empresas definieron conjuntamente los precios de sus servicios y un nuevo esquema tarifario.
La conducta afectó tanto a instituciones bancarias como no bancarias. Entre otros, el documento de la FNE da cuenta de que el acuerdo habría comprendido servicios asociados al pago de prestaciones sociales y a la Teletón del año 2018
Empresa Brinks responde
La empresa de transportes de valores Brinks emitió un comunicado público a raíz de la acusación de colusión interpuesta por FNE.
"Nos encontramos analizando el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE)", comenzaron detallando en el escrito.
En este punto, desde la entidad aseguraron estar dispuestos a colaborar con lo que se les solicite en esta investigación.
"Desde ya nos ponemos a total disposición de la autoridad y vamos a recabar toda la información necesaria para que esta situación se aclare lo más rápidamente posible", afirmaron.
