Por Carla Alonso
En su contestación al requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), los abogados Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta, representantes de CMPC Tissue -una de las empresas coludidas en el llamado cartel del papel confort-, manifestaron hoy “la voluntad de CMPC Tissue de continuar cooperando activa y decididamente durante todo el curso de este proceso”.
No sólo eso. En su respuesta al tribunal, CMPC Tissue se refirió a las acusaciones de parte de su competidora, SCA (ex Pisa), por supuesta coacción. “En relación con la alegación de supuesta coacción profusamente anunciada por los asesores de SCA Chile, a través de diversos medios de prensa, que ella carece de todo sustento jurídico y fáctico”. A través de sus abogados, afirmó que “dicha alegación violenta el más básico sentido común”.
En el mismo proceso ante el TDLC, SCA (ex Pisa) -otra de las empresas involucradas- a través de una “excepción dilatoria”, solicitó que se aclaren algunos aspectos del requerimiento realizado por la Fiscalía Nacional Economómica (FNE). Concretamente, el tiempo que habría durado la colusión, entre otros aspectos. El TDLC dio traslado a esta petición, lo que en la práctica significa que otorgó un plazo a la FNE para que responda por la solicitud que hizo SCA.
Los alegatos ante el TC
El proceso en el TDLC no es el único camino que tomará el caso. Ahora, el TC analizará el fondo de la contienda de competencia que formuló el TDLC en contra del Ministerio Público. Esto, luego de la solicitud formulada por este último para tener acceso a información reservada y confidencial, relacionada con la investigación que motivó el requerimiento por colusión.
Luego de los alegatos realizados hoy, el TC declaró admisible el recurso presentado por el TDLC y anunció que espera resolver la causa pronto.
Tras la audiencia de admisibilidad, a la que asistieron representantes de cada instancia, el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, valoró la decisión del tribunal y ponderó la relevancia del caso.
“Para la FNE no es indiferente el resultado de esta disputa, porque lo que está en juego son las garantías que el sistema de libre competencia otorga a los agentes económicos cuando les solicita información o cuando son sujetos a una investigación. Hoy vemos que el Ministerio Público no ha sopesado el impacto de su solicitud, porque si se accede a su petición, esos antecedentes sí o sí se harían públicos, ya que por ley el Ministerio Público no puede asegurar reserva o confidencialidad después de 40 días”, señaló el fiscal.
Irarrázabal adelantó que durante los próximos días se hará entrega del resto de las versiones públicas al TDLC.
