Clínicas acusan impacto por COVID-19: 80% de baja en atenciones no urgentes y caída de ingresos
Clínicas acusan impacto por COVID-19: 80% de baja en atenciones no urgentes y caída de ingresos
"Existe una falsa percepción ciudadana en cuanto a que el sistema prestador privado está funcionando a plena capacidad y generando más actividad de lo habitual. Ello no se condice con la realidad", argumenta la Asociación de Clínicas de Chile en una carta enviada a autoridades de gobierno y otros actores de la salud en la que ponen de manifiesto la "crítica situación actual" por la que atraviesa este sector en el actual escenario del coronavirus.
Si bien señalan que las clínicas "están enfrentando con todos sus recursos materiales, humanos y profesionales la pandemia de Covid-19" -lo cual implica que la mayor parte de su infraestructura presente altos niveles de actividad enfocada a la emergencia, en coordinación centralizada con el Ministerio de Salud-, el gremio sostiene que la instrucción de postergar el resto de las atenciones les está causando un fuerte impacto operacional y financiero.
"Las intervenciones quirúrgicas no urgentes (electivas), fueron postergadas por la autoridad mientras dure la emergencia sanitaria, principalmente para disponibilizar las camas críticas y no afectar los bancos de sangre. Además, la autoridad ordenó restringir las atenciones ambulatorias, lo que sumado a la campaña de autocuidado, #quedateencasa, y la restricción de la libertad de movilidad de las personas, ha derivado en una disminución considerable de la actividad", explica la carta.
En este escenario, la asociación estimó que el conjunto de prestaciones de salud electivas -como es el caso de las cirugías programables- ha "disminuido considerablemente, estimándose una baja, hasta el momento, de un 80%". Agrega que "operar con el 20% de la capacidad o menos, y con todos los recursos disponibles, según lo ha solicitado la autoridad, tiene consecuencias muy complejas para el funcionamiento de nuestros establecimientos, y en el mediano plazo podría hacer inviable su operación".
Entre las principales razones, la entidad calcula que por cada mes que se mantengan las actuales condiciones de operación, en el sistema prestador privado verá disminuidos sus ingresos en $ 245.000 millones, puntualizando que, de este monto $ 58.000 mil millones corresponden a los honorarios profesionales de los médicos.
A esto suman un conjunto de factores que ha implicado ir contra el Covid-19, como es el tema de la fuerte incidencia de los recursos humanos, la necesidad de limitar la ocupación de camas no críticas a niveles de 30%, y el alza en el valor de los insumos críticos, muchos casos riesgo de quiebre de stock.
A partir de estos antecedentes, la entidad concluye que la industria de la salud está viviendo una "tormenta perfecta", ya que advierte que "esta situación genera una crisis de liquidez muy profunda, que muy pocos prestadores están en condiciones de solventar".
Medidas del gobierno
Junto con manifestar "compromiso en la lucha contra el Covid-19, convencidos que podemos aportar en la solución", la asociación plantea a la autoridad que se abra a aplicar en el sector una serie de medidas para "asegurar la sustentabilidad del sistema prestador privado", ya que su condición de actividad esencial impide acogerse a beneficios como las modalidades de protección al empleo, protección de la pequeña y mediana empresa, y fórmulas de inyección de liquidez.
Por ello, solicita al gobierno un proceso tendiente a "generar mecanismos efectivos de protección al empleo del trabajador de salud, ya que en las actuales condiciones se hace inviable mantener a toda la fuerza laboral, por lo que se necesitan urgentemente normas que permitan flexibilización en áreas que no están directamente asociadas a la atención de pacientes en riesgo".
También destaca la necesidad de "reducir significativamente" los plazos de pago de las Isapres y de Fonasa; proteger al sistema de las especulaciones de precios en insumos críticos y asegurar el abastecimiento; otorgar garantías estatales a los bancos para asegurar líneas de crédito de capital de trabajo focalizados en esta industria, y "garantizar un pago justo por las prestaciones que otorgue el sistema en esta pandemia", poniendo como ejemplo los valores licitados actualmente con el seguro público para uso de camas críticas vía Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD).
