El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, dio a conocer su posición luego que el Tribunal Constitucional (TC) afirmara que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) actuó de forma arbitraria y se excedió en sus atribuciones al aplicar multas por el Caso Cascadas.
“Mucho más allá de los montos involucrados y la cuantía de las multas que en definitiva se impongan, lo relevante para el CDE en estos casos es defender y garantizar que las instituciones públicas puedan ejercer sus atribuciones en el marco del Estado de Derecho”, señaló Piña.
El presidente del CDE añadió que, de este modo, se busca asegurar que la SVS así como el resto de los organismos fiscalizadores, "ejerzan su cometido mediante las herramientas sancionatorias que el ordenamiento les ha conferido, de modo de contribuir al desarrollo de los mercados de valores, promover el cuidado de la fe pública y resguardar de los derechos de los actores con independencia del tamaño que tengan”.
El TC tomó esta decisión luego de una consulta efectuada por Roberto Guzmán Lyon, uno de los sancionados en el Caso Cascada, a quien se le aplicó una multa por 550.000 Unidades de Fomento (UF), unos US$ 25 millones.
Al respecto, el Tribunal señaló que la SVS se excedió en sus atribuciones al aplicar las multas y que su actuación fue “arbitraria”, agregando que la multa debió haber sido cercana a las 15 mil UF.
Esto implicaría que Roberto Guzmán Lyon debería ver rebajada su multa al monto que establece el TC y que los otros multados, entre ellos Julio Ponce Lerou, Leonidas Vial, Manuel Bulnes, entre otros, también podrían pedir que se revisaran sus multas.