A fines de 2012 la Fiscalía Nacional Económica (FNA) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) denunciando la existencia de un cartel conformado por las principales empresas productoras y comercializadoras de carne de pollo en Chile, Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, implementado y monitoreado por su asociación gremial.
Dos años más tarde el tribunal aplicó a las empresas avícolas multas que totalizan aproximadamente 61 millones de dólares y que fueron ratificadas en un fallo de la Corte Suprema conocido este jueves.
Hoy, fue la misma Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA) la que respondió frente al fallo de la Corte Suprema y a través de una declaración pública señaló que:
1. Consideramos que este fallo no se ajusta a la veracidad de los hechos ni da cuenta de los antecedentes presentados. Como hemos sostenido en múltiples instancias, la Asociación siempre ha realizado la totalidad de sus acciones dentro del ordenamiento jurídico.
2. Creemos que la decisión adoptada por la Excma. Corte representa una equivocada señal para el sector y para todas las asociaciones gremiales que funcionan en el país, pues afecta el derecho que éstas tienen a trabajar con autonomía, respeto y libertad dentro del marco de la ley. Igualmente se ha desconocido el rol esencial de APA en materia de apertura de mercados, desarrollo del comercio exterior y su contribución a políticas públicas en materia de sanidad avícola nacional.
3. Rechazamos los hechos que se nos imputan y consideramos que este proceso no ha hecho más que dañar la imagen del sector y mermar la importante labor que hemos impulsado en Chile y el extranjero.
4. Sin perjuicio de lo anterior y en correspondencia con nuestro ordenamiento jurídico vigente, respetamos el fallo emitido hoy por la Excma. Corte Suprema con los reparos y juicios ya explicitados.
Según la investigación de la FNE, al menos durante una década, las empresas acusadas implementaron y ejecutaron un acuerdo para limitar su producción, controlando la cantidad producida y ofrecida al mercado nacional, y se asignaron cuotas en el mercado de producción y comercialización de productos avícolas.
El mecanismo implementado por Agrosuper, Ariztía y Don Pollo ocasionó un daño económico de al menos US$1.500 millones, según un informe económico elaborado por profesionales externos de la FNE.
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