La incautación de un cuaderno lleno de apuntes y el contenido de mails entre ejecutivos fueron clave para dejar al descubierto la colusión de las empresas de helicópteros para el combate y extinción de incendios forestales, caso conocido como el "cartel del fuego".
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión contra Calquín Helicopters SpA (Calquín), Inaer Helicopter Chile S.A. (Inaer), y Pegasus South America Servicios Integrales de Aviación SpA (Faasa). Y también contra dos de sus principales ejecutivos: Ricardo Pacheco Campusano y Rodrigo Lizasoaín Videla, vinculados a Faasa, el primero, y a Inaer y Calquín, el segundo.
En el documento, la FNE revela la existencia de un cuaderno que fue incautado en la oficina de Pacheco, el que muestra que para el proceso de contratación desarrollado por CONAF el año 2009, Faasa e Inaer, en conjunto con H. del Pacífico y Helicopters, "nuevamente repartieron bajo un criterio geográfico las bases licitadas, manteniendo la distribución contractual que venían ejecutando desde la temporada 2006-2007".
"Las ofertas presentadas y las contrataciones que fueron fruto de esta licitación son consistentes con el reparto previsto por Ricardo Pacheco en su cuaderno de anotaciones: Faasa mantuvo las mismas 3 bases que operaba desde el 2006 (regiones de Valparaíso, del Maule y Biobío A); Helicopters mantuvo igualmente su base en la región de O´Higgins; y H. del Pacífico mantuvo su base en la Araucanía (sin poder sumar una adicional por declararse desierta la licitación respecto de la segunda base -Araucanía B- de esa misma región)", señala el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica.
Asimismo, en el texto se destaca que "podemos desprender de los últimos fragmentos del cuaderno transcrito que, para el caso de que las bases de las regiones VIII-B y X fueran declaradas desiertas, se planificó un pago o 'fy back up' a Inaer para compensarlo ante esta eventualidad, en los términos que se mencionan en el cuaderno. De manera coincidente, un documento interno de Faasa hacía referencia, en forma previa a la adjudicación de la licitación, a un 'bono recompensa X región' a pagar a Inaer, por exactamente los mismos montos expuestos".
"Si bien ambas bases efectivamente fueron declaradas desiertas, este pago finalmente no habría sido necesario dado que CONAF volvió a licitar la provisión de los servicios para la X región. En esta ocasión, Inaer fue el único proveedor en presentar oferta, a pesar de que Faasa había postulado a dicha región en el proceso previo. Por consiguiente, Inaer se adjudicó el contrato, conforme al contenido de las anotaciones de Ricardo Pacheco", indica el documento.
"Si seguimos igual, mejor para todos"
Tras exponer el contenido del cuaderno, la FNE se enfoca en las conversaciones a través de correo electrónico que sostuvieron los ejecutivos acusados.
"El actuar anticompetitivo de Faasa e Inaer se volvió a ver reflejado en una nueva licitación de CONAF, en el año 2011, por la cual se volvían a licitar las bases repartidas geográficamente en las licitaciones anteriores, esta vez por tres temporadas. Con fecha 5 de septiembre de 2011, Héctor Tamarit, delegado para la administración de Faasa, le escribe a Ricardo Pacheco", señala el texto, y muestra parte del diálogo:
En otro e-mail de fecha 3 de julio de 2012, enviado a Héctor Tamarit, "consta que Ricardo Pacheco coordinó con Rodrigo Lizasoaín la presentación de ofertas de sus respectivas empresas", dice la FNE, mostrando parte del mensaje: “Hable con Rodrigo hoy por la tarde, acordamos ofertar nosotros pequeños 3 (A 119) y el medianos 3 (B 412)”. Ello fue confirmado al día siguiente en una nueva comunicación:
En el año 2013, después de una serie de discusiones internas por parte de ejecutivos de
Faasa, estos decidieron presentar una oferta por un monto considerablemente superior al
ofrecido por Inaer. Ese último monto fue coordinado por Rodrigo Lizasoaín con Ricardo
Pacheco, en forma previa a su presentación, según detalla la FNE.
Con posterioridad a la presentación de la oferta, Ricardo Pacheco dio noticia a Rodrigo Lizasoaín del cumplimiento de lo acordado, señalándole lo siguiente:
En el año 2014, a partir de su adquisición por parte de Walton Mery (a través de Inversiones Centauro S.A.), la requerida Calquín comenzó a prestar servicios en el mercado nacional de combate y extinción de incendios forestales mediante helicópteros.
Sus dos ejecutivos principales fueron Rodrigo Lizasoaín y Christian Dähling, quienes habían
trabajado juntos en Inaer entre los años 2006 y 2013. Rodrigo Lizasoaín, en su calidad de principal gestor de la empresa, coordinó con Faasa, por intermedio de Ricardo Pacheco, una estrategia conjunta para afrontar el proceso de contratación convocado por CONAF a partir de septiembre de 2014.
La FNE acusa que "consta de la evidencia incautada que en correo electrónico de fecha 23 de enero de 2014, enviado por Rodrigo Lizasoaín a Walton Mery y Christian Dähling, se propuso 'iniciar conversaciones con FAASA, cosa de estar coordinados para la postulación a Conaf como para ir a España'".
En el requerimiento también se menciona una reunión sostenida en Santiago por Ricardo Pacheco con Rodrigo Lizasoaín, a principios de septiembre. Días después de esa reunión, el 14 de septiembre, Christian Dähling envió un correo electrónico a Rodrigo Lizasoaín, pidiéndole que trate de “apurar a Pacheco con la estrategia”, a lo cual este respondió: “[y]a tuve un intercambio de Watsup con Pachueco, no dice lo definitivo pero vamos bien, según dice Alvaro acepto” (sic).
En línea con lo anterior, Rodrigo Lizasoaín informó a Walton Mery y Christian Dähling, con fecha 17 de septiembre, que: “[e]n todo caso yo me estoy juntando con Pacheco y Álvaro el Lunes”.
Las multas que se solicitan
Por estos hechos, la FNE solicita al TDLC que aplique multas por 10.400 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a poco más de $ 6.240 millones. Este total se distribuye en 6.000 UTA para Faasa, 3.000 UTA para Inaer, 1.100 UTA para Calquín y 150 UTA para cada uno de los ejecutivos acusados.
En el requerimiento, la FNE reitera que la colusión es el atentado más dañino contra la libre competencia y destaca la gravedad específica de este cartel. “La conducta de las requeridas ha afectado una actividad que puede poner en riesgo la vida de las personas y es particularmente relevante para el cuidado medioambiental y la preservación del patrimonio forestal de nuestro país”, dice la acusación.
Revisa el documento completo con la acusación de la FNE:
