Continúa la polémica en torno a la entrega del Bono de Clase Media, beneficio que fue recibido por 437 mil personas que no cumplían los requisitos para acceder, debido a que no registraron caídas de ingresos de al menos un 30% producto de la pandemia, según informó el Servicio de Impuestos Internos (SII) a fines de la semana pasada.
Ayer, el Gobierno abordó la solicitud de la diputada de Convergencia Social Gael Yeomans, de otorgarle un “perdonazo” a los contribuyentes que accedieron erróneamente a la bonificación estatal.
El vocero Jaime Bellolio desechó de plano la idea, señalando que el Ejecutivo velará por el correcto uso de los recursos estatales. Agregó que el Gobierno parte del principio de “buena fe” de las personas al declarar sus ingresos, señalando que es “frustrante” constatar que 437 mil personas recibieron aportes sin cumplir con las condiciones.
“Esta idea de perdonazo, ¿qué significa? No valorar los recursos públicos que tienen que estar disponibles para las personas más vulnerables del país. De eso se trata”, recalcó.
“Aquellos diputados y diputados que dicen que dan lo mismo estos US$ 260 millones, quiero decirles que el fondo de vacunas Covid son US$ 250 millones. Este Gobierno sí está comprometido con que cada peso que se gaste tiene que hacerse de manera correcta”, aseguró.
Nuevos números
También ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, envió un oficio a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, para informarle de los resultados de la revisión de antecedentes. En el texto, adjuntó el oficio reservado enviado el 29 de septiembre por el director del SII, Fernando Barraza, que da cuenta del resultado del proceso.
En el documento, se entrega información adicional, como por ejemplo que de los 400.603 trabajadores dependientes del sector privado que accedieron erróneamente al bono, 65.158 informaron una remuneración de $ 0 en julio, mientras que 201.241 reportaron el equivalente a entre 30% y 40% de sus ingresos reales para el mismo lapso.
En el caso de los 37.100 funcionarios públicos que se encuentran en la misma situación, el oficio detalla que 9.093 reportaron ingresos por $ 0, mientras que 14.463 informaron remuneraciones que representaban entre un 30% y un 40% de lo que realmente percibieron.
En este marco, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) envió un oficio al SII solicitando conocer los antecedentes y analizar si los hechos configuran algún delito que le corresponda perseguir al organismo, en el marco de los funcionarios públicos que recibieron recursos sin contar con los requisitos para ello.
El consejo estudiará los antecedentes y sólo después de eso decidirá si hay fundamentos para avanzar en una acción.
