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El FMI asegura que la deuda pública de Argentina "no es sostenible"

El FMI asegura que la deuda pública de Argentina "no es sostenible"
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Un equipo de expertos del organismo realizó una visita a Argentina y concluyó que para solucionar la crisis de la deuda hará falta que los acreedores hagan una contribución apreciable.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que la deuda pública de Argentina no es sostenible, por lo que los acreedores privados de la misma deberán hacer una "contribución apreciable" para subsanar este problema.

La valoración fue divulgada en un comunicado emitido este miércoles por un equipo de expertos del FMI que estuvo en el país sudamericano durante una semana, participando en reuniones con funcionarios del gobierno del presidente Alberto Fernández.

Los tenedores de bonos argentinos estaban a la espera de las conclusiones y recomendaciones de la misión del organismo multilateral sobre la situación de Argentina, que vive una severa crisis económica.

En ese sentido, el dictamen del organismo señaló: "la deuda argentina no es sostenible (...) En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados".

De acuerdo con el FMI, el superávit primario necesario para reducir la deuda pública e impulsar el crecimiento "no es económicamente ni políticamente factible".

Desde hace meses existe incertidumbre en torno a la capacidad que tiene Argentina de hacer frente al pago de un préstamo por US$44.000 millones con el FMI, su principal acreedor, en momentos en los que el país necesita renegociar unos US$100.000 millones en deuda soberana.

Protesta en Argentina contra el FMI.
Protesta en Argentina contra el FMI.

Pese a todo, la evaluación del FMI puede resultar de ayuda para el gobierno de Alberto Fernández.

"Básicamente están pidiendo una gran quita", le dijo Gabriel Zelpo, director de la consultora económica de Buenos Aires Seido, a la agencia Reuters.

El experto indicó que las conclusiones del organismo multilateral le dan más poder al gobierno argentino para pedir a los acreedores que acepten pérdidas.

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