Las cadenas de supermercados de Cencosud, Walmart Chile y SMU, “por sí o a través de sus relacionadas, han participado de un acuerdo o práctica concertada destinado a fijar, por medio de sus proveedores, un precio de venta para la carne de pollo fresca en supermercados que fuera igual o superior a su precio de lista mayorista. Tal conducta se ejecutó al menos entre los años 2008 y 2011”.
Así comienza la acusación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentada este miércoles ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
El requerimiento señala que la investigación deriva del llamado “caso Pollos” que involucra a los principales proveedores de los supermercados -Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, junto con la Asociación de Productores Avícolas de Chile-.
Estos mismos proveedores habrían tenido un rol fundamental en este nuevo caso, esta vez como intermediarios, pues habrían gestionado la regularización de los precios de venta al público, pudiendo incluso castigar –en términos de abastecimiento- a las cadenas que no cumplieran.
“Por medio de sus proveedores comunes, (las cadenas de supermercados) observaron y exigieron que sus competidores aplicaran una regla que buscaba impedir la venta de pollo fresco en supermercados bajo su costo de adquisición mayorista (o precio costo)”, señala la FNE.
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Según la acusación, las empresas sabían que sus competidores principales aplicaban la misma regla y monitoreaban de manera activa eventuales incumplimientos a ésta. En caso que notaran que otra cadena de supermercados no respetara el acuerdo, pedían directamente al proveedor su intervención ante la otra empresa.
Los supermercados, de acuerdo con el documento, “adhirieron conscientemente a un esquema común que sustituyó los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas”.
Así, se estableció un precio mínimo de venta, determinado por el precio único de los proveedores.
Un detalle importante para la FNE es que entre 2010 y 2011 la categoría de pollo fresco representó cerca de un 10% de las ventas en promedio de los productos Food (Alimentos) en el mercado supermercadista.
Cómo obtuvo la FNE los antecedentes del caso
La investigación data de 2011, cuando en diciembre de ese año se incautaron computadores, pendrives, discos externos, respaldos digitales de correos electrónicos y diversos tipos de evidencia electrónica de parte de las cadenas requeridas en el documento.
Asimismo, se revisaron más de 146 cadenas de correos electrónicos entre los proveedores y los supermercados.
“OK subo todos los precios ahora mismo”, se lee en uno de los e-mails donde se discutía el asunto “Trutro entero Temuco”.
Las comunicaciones se realizaban entre ejecutivos de los supermercados, principalmente los denominados Product Managers, con representantes de los proveedores (Account Managers).
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Qué sanciones arriesgan los supermercados
La FNE pide que los supermercados reciban las sanciones máximas para este tipo de infracciones: 30.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, cerca de US$ 22,5 millones.
Asimismo solicitan que “se les ordene el cese inmediato de este tipo de prácticas, y se les prohíba ejecutarlas en el futuro, ya sea directa o indirectamente, por sí o por medio de personas relacionadas".
