A fines de 2012 la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) denunciando la existencia de un cartel de colusión conformado por las principales empresas productoras y comercializadoras de carne de pollo en Chile.
Una de ellas es Ariztía, compañía que este jueves respondió mediante una declaración pública al fallo de la Corte Suprema.
"Hemos tomado conocimiento de la resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema, la cual acatamos pero consideramos injusta y desproporcionada. Ariztía a lo largo de toda su historia ha actuado con estricto apego a las leyes, por lo que lamenta profundamente que las abundantes pruebas presentadas para demostrar su inocencia, avaladas por prestigiosos juristas y economistas nacionales y extranjeros, hayan sido ignoradas o desestimadas por completo".
"Además las elevadas multas que se aplican en esta resolución, representan un trato injusto y discriminatorio para Ariztía", añade el documento.
En septiembre de 2014 el tribunal aplicó a las empresas avícolas -Agrosuper, Ariztía y Don Pollo- multas que totalizan aproximadamente 61 millones de dólares y que fueron ratificadas en un fallo de la Corte Suprema conocido este jueves.
Sobre las medidas que tomará Ariztía a futuro, la empresa dijo "concentraremos nuestros esfuerzos en trabajar invariablemente para seguir contando con la preferencia de nuestros clientes y consumidores, tal como lo hemos hecho a lo largo de nuestros 80 años de historia".
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